Por: Redacción
El Ayuntamiento de Hocabá anunció un toque de queda para menores de edad, prohibiendo su permanencia en la calle después de las 11 de la noche con el argumento de “salvaguardar el bienestar social, la paz, la integridad y la seguridad” de la comunidad.
Hocabá, un municipio con poco más de 6 mil 500 habitantes, está ubicado a 45 kilómetros de Mérida, la capital del estado, y su alcalde es Víctor José Chan Cen, del partido Morena. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución efectiva para la seguridad, representa una criminalización de la juventud y una restricción injustificada de derechos fundamentales.
Bajo la “Teoría de las Ventanas Rotas”, se ha intentado justificar la necesidad de intervenir en pequeñas conductas para prevenir delitos mayores. Pero aplicar esta lógica a los menores en Hocabá es un error. La medida no está enfocada en atender las causas estructurales de la inseguridad, como la falta de oportunidades, espacios recreativos y educativos, sino en imponer restricciones punitivas que colocan a los menores en una posición de sospecha permanente.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ha expresado preocupación por las posibles violaciones a los derechos de los menores, incluyendo la libertad de tránsito y la seguridad jurídica. Criminalizar a la juventud bajo la premisa de prevenir delitos es una medida regresiva que, en lugar de generar soluciones reales, promueve una narrativa de desconfianza y castigo.
En lugar de implementar restricciones arbitrarias, el Ayuntamiento de Hocabá debería invertir en políticas públicas que fomenten la inclusión social, el acceso a la cultura y el deporte, y la creación de espacios seguros para la juventud. La seguridad no se construye con toques de queda, sino con oportunidades. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la desigualdad y de generar un ambiente donde los menores sean vistos como una amenaza, en lugar de como el futuro de la comunidad.
