Por Itzel Chan
Depresión, ansiedad, frustración, enojo, desesperanza, desconsuelo, aislamiento, desconfianza, inseguridad, tranquilidad y preocupación, son algunas de las sensaciones que tienen habitantes de comunidades de la Península de Yucatán donde hay presencia militar.
A través del estudio “Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los derechos humanos”, realizado por Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS) entre enero de 2023 y 2025 fue posible conocer que la presencia, actuación, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas en las comunidades trae consigo implicaciones en la vida cotidiana y derechos humanos de las personas.
Quienes realizaron este estudio denominaron el proceso de la presencia de fuerzas armadas como “irrupción militar” y esto se debe a que sus funciones no se limitan a la seguridad pública, resguardo de fronteras o instalaciones estratégicas, auxilio a la población en caso de desastres sino que ya se observa vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza.
Las observaciones plasmadas en el estudio son a partir de testimonios y entrevistas con habitantes de las comunidades afectadas, principalmente en tres municipios de la Península de Yucatán: Calakmul, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
Los grupos más afectados con la irrupción militar son mujeres, infancias y trabajadoras, defensoras indígenas y aquellas en contexto de movilidad.
Por ejemplo, hay referencias que relacionan la irrupción militar a misoginia y menosprecio a las opiniones de mujeres trabajadoras, particularmente jóvenes; a un incremento en los embarazos –incluidos los tempranos y/o no deseados–, a casos de abusos sexuales y a relaciones afectivas que se establecen entre mujeres y militares, algunas de ellas no consentidas ni decididas libremente. Sumado a ello hay referencias a más redes para la explotación sexual de las mujeres.
Algunas de las expresiones de habitantes son como las siguientes:
“Es como un miedo permanente que de pronto me detengan y nadie haga nada pero como que pareciera que uno se va acostumbrando, como que está el miedo ahí latente” (Mujer maya joven, Felipe Carrillo Puerto).
Las Fuerzas Armadas en estas zonas, no sólo se quedaron después de la construcción del Tren Maya sino que ahora incluso ocupan nuevas zonas dentro las comunidades.
Otros problemas que enfrentan:
Expropiación de tierras:
Entre el 12 de julio de 2022 y el 12 de diciembre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de decretos de expropiación de terrenos a localidades, ejidos y propietarios privados a favor de la Sedena o de Fonatur, después a Tren Maya S.A., ahora fusionada en GAFSACOMM.
Las comunidades afectadas son:
Calakmul: las localidades de Xpujil, Nuevo Conhuas y los ejidos de El Chichonal, 20 de noviembre, Valentín Gómez Karis, Becán, Kilómetro 120, Constitución, N.C.P.E. Pablo García, Conhuas, Emiliano Zapata y N.C.P.E. Plan de San Luis.
Othón P. Blanco: los ejidos de Chetumal, N.C.P.E. Prof. Sergio Butrón Casas, Ramonal Río Hondo y Juan Sarabia.
En Felipe Carrillo Puerto: los ejidos de Felipe Carrillo Puerto, Andrés Quintana Roo, San Antonio Nuevo, X-Hazil y Anexos, y “Chunyaxché.
La razón por la que presuntamente fue posible expropiar estas tierras es debido la provisión de un transporte de pasajeros y de carga; el comercio e intercambio de mercancías; la generación de empleos y distribución de la riqueza a través del turismo; la protección y rehabilitación de áreas naturales protegidas y sitios patrimoniales.
Instalaciones militares:
Además de las instalaciones militares, las fuerzas armadas establecieron campamentos en comunidades con apenas cientos o si acaso miles de habitantes.
“Están [los militares] en el súper, en la gasolinera, en la salida, en el parque, en el museo, en el mercado también están. La verdad están mucho en el centro. Y es algo que a mi me saca mucho porque entran con sus armas, de verdad están adentro armados”. (Mujeres, Felipe Carrillo Puerto)
Destacan los casos de Conhuas y Becán, en Calakmul, donde hay nuevas oficinas, campamentos base, edificaciones y estacionamientos de vehículos militares y, pese a ello, ahora también hay militares asentados en la cancha pública con vehículos, armas y tiendas de campaña.
Por ejemplo, a la entrada del Ejido 20 de noviembre en Calakmul, Campeche, donde es evidente la portación de armas largas, las revisiones a vehículos particulares y de carga.
Casos en los que se han visto involucrados militares:
En 2022: una persona que se empleaba en actividades de arqueología en distintas obras del denominado “Tren Maya” denunció en sus redes sociales el robo y destrucción de vestigios arqueológicos por parte de ingenieros militares y empresas subcontratadas. Luego aseguró que fue perseguida por la GN y elementos de la Sedena a través de rondines constantes en su casa.
En 2023: en Calakmul, un militar asesinó a un civil que era trabajador del “Tren Maya”. El pueblo se manifestó para asegurarse que el responsable fuera entregado a las autoridades para ser procesado. Los militares, asentados en el mercado local, protegieron al presunto homicida. Días después, el gobierno de Campeche acusó a la comunidad de actuar contra de los militares.
En 2023: un menor de edad fue atropellado por un volquetero, al servicio de la Sedena en Xpujil.
En 2024: un trabajador murió electrocutado mientras laboraba en el “Tren Maya”, pero no recibió capacitación. La empresa informó a la familia que la muerte fue por un paro cardíaco.
Aprovechamiento y explotación de la naturaleza:
Habitantes de las zonas denuncian que extraen agua de cuerpos de agua naturales para el servicio de la Sedena. También hay referencias al tráfico de especies protegidas como ejemplares de jaguares.
Hay testimonios que refieren que los militares preguntan sobre el valor comercial de vestigios y piezas arqueológicas y sobre posibles compradores.
A la par de estas denuncias, las personas indican inconformidad por la construcción de un hotel militar al interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, para el cual se modificó el programa de manejo que impedía cualquier tipo de obra, lo que además da la posibilidad de ofrecer a sus huéspedes recorridos nocturnos en el sitio arqueológico pese a estar prohibidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En todos estos procesos de militarización está involucrado personal del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional.
Para justificar la continuación y profundización del involucramiento militar, el ex expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplen rápido y a bajo costo, tienen origen popular y formación nacionalista y son leales al pueblo.
Militares en otros rubros:
A través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica S.A. DE C.V. (GAFSACOMM), una empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también se involucran en industrias manufactureras, transporte, servicios corporativos y de apoyo a negocios, servicios de alojamiento, esparcimiento y combustibles. Este grupo, además, detenta “el control de las empresas que administren, operen, exploten y, en su caso, construyan, amplíen o mejoren los Aeropuertos Internacionales “Felipe Ángeles”, “Palenque”, “Chetumal”, “Tulum” y el “Tren Maya””.
GAFSCOMM puede obtener, bajo cualquier título, “concesiones, permisos y autorizaciones para llevar a cabo todos los actos inherentes que correspondan”, es decir, que determinen los propios militares.
