Vecinos de San Damián ganan batalla legal contra gasoducto

Tribunal ordena que sean consultados antes de cualquier obra

Por Itzel Chan

Después de casi cinco años de litigio, habitantes de la colonia San Damián obtuvieron una resolución definitiva a su favor en los juicios promovidos contra la instalación de un sistema de distribución de gas natural en la zona, proyecto impulsado por la empresa Tractebel GNP y autorizado desde 2021 por distintas autoridades.

Integrantes del colectivo Defensores de San Damián informaron que un Tribunal Colegiado confirmó las sentencias obtenidas mediante dos juicios de amparo, con lo que quedó firme la suspensión de las obras y la obligación de las autoridades municipales de garantizar procesos de información y participación ciudadana antes de intentar reactivar el proyecto.

La resolución deja sin efectos los permisos que permitían la instalación de ductos para la distribución de gas natural en la colonia y obliga a que se realicen mecanismos de consulta e información dirigidos a las familias que podrían verse afectadas.

Miguel Anguas, integrante de Kanan Derechos Humanos, explicó que durante el proceso judicial se obtuvieron medidas cautelares que impidieron la colocación de ductos en las calles de la colonia mientras se resolvía el fondo del asunto.

«En 2022 y 2023 se obtuvieron sentencias que ordenaban a la Dirección de Desarrollo Urbano detener el proyecto e implementar una junta informativa para que las personas conocieran los pros y contras y pudieran expresar sus preocupaciones», señaló.

Sin embargo, tanto la empresa como autoridades involucradas impugnaron dichas resoluciones mediante recursos de revisión. Fue hasta mayo de este año cuando el Tribunal resolvió de manera definitiva confirmar las sentencias.

«Hoy existe una sentencia firme que deja sin efecto los permisos para implementar el proyecto y obliga a desarrollar un proceso de participación pública», indicó.

Vecinos descubrieron el proyecto cuando comenzaron las excavaciones:

Rocío Borges, vecina de San Damián, recordó que la inconformidad surgió cuando comenzaron a realizarse zanjas y trabajos en las calles sin que existiera información clara para la comunidad.

«Empezaron a hacer zanjas y meter tubos. Preguntábamos y nos decían que era agua potable, que era electricidad, hubo muchas versiones distintas. Los vecinos comenzaron a investigar y descubrieron que existía un permiso para instalar gas natural», relató.

A partir de entonces, alrededor de un centenar de habitantes se organizaron para buscar asesoría legal y presentar los recursos que finalmente derivaron en la suspensión del proyecto.

Señalan presuntas irregularidades y falta de supervisión:

Durante la conferencia de prensa, Silvia Reyes, integrante del movimiento vecinal, aseguró que los estudios realizados durante el litigio permitieron detectar inconsistencias entre la trayectoria autorizada para los ductos y la que presuntamente se ejecutaba en campo.

También afirmó que investigaron antecedentes de la empresa en otros sitios del país, donde se han documentado incidentes relacionados con infraestructura de gas natural, como en Matamoros y Querétaro.

«Quisiéramos hacer un llamado a las autoridades para que verifiquen qué se está haciendo en la ciudad. Muchas veces la ciudadanía se entera cuando ya están abiertas las zanjas frente a sus casas», expresó.

Los habitantes señalaron además que durante las manifestaciones realizadas para exigir información no recibieron acompañamiento institucional y que la única presencia oficial que observaron fue la de elementos policiales.

Consideran que el fallo puede beneficiar a otras colonias:

Los integrantes del colectivo señalaron que la resolución puede convertirse en un precedente para otros conflictos relacionados con proyectos de gas natural en Mérida y municipios cercanos.

Entre los casos mencionaron inconformidades vecinales surgidas en zonas como Gran Calzada, Pensiones y Francisco de Montejo, donde habitantes también han expresado preocupaciones por la instalación de infraestructura similar.

Roberto Sánchez, uno de los participantes en la defensa jurídica desde Kanan Derechos Humanos, afirmó que el caso evidencia una práctica recurrente en la que proyectos de gran impacto avanzan sin procesos adecuados de información pública.

«Las empresas toman decisiones y las personas se enteran cuando ya están las obras. Lo que hoy demuestra San Damián es que la ciudadanía puede organizarse y exigir que se respeten sus derechos», señaló.

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida para que ejecute de inmediato lo ordenado por los tribunales, instale las mesas informativas y garantice que cualquier decisión futura sobre el proyecto se tome con la participación de la comunidad.

Los Defensores de San Damián sostuvieron que la resolución representa no sólo una victoria para la colonia, sino también un precedente importante para el respeto al derecho humano a la información, la participación ciudadana y la protección del entorno urbano en Yucatán.