Un nuevo estudio de Greenpeace México identificó contaminación microbiológica y concentraciones elevadas de nutrientes en fuentes de agua de Yucatán. Comunidades mayas denuncian que, pese a años de advertencias y procedimientos legales, las autoridades no han garantizado la protección del acuífero ni la reparación de los daños ambientales.
Por Itzel Chan
La contaminación del agua subterránea en Yucatán vuelve a encender las alertas. Un nuevo estudio de Greenpeace México encontró presencia generalizada de bacterias fecales, concentraciones elevadas de nitratos y otros indicadores de contaminación orgánica en pozos y cenotes ubicados en comunidades cercanas a instalaciones porcícolas industriales.
Los resultados se dieron a conocer este martes, junto con representantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on, quienes denunciaron que, a un año de haber presentado una denuncia popular ante autoridades federales, continúan sin recibir respuestas suficientes para atender las afectaciones ambientales relacionadas con las megagranjas porcícolas.
La investigación, titulada Megagranjas porcícolas: una amenaza constante para los cenotes, se realizó durante agosto de 2026 mediante el análisis de 17 muestras de agua, obtenidas de pozos y cenotes de distintas localidades de Yucatán, entre ellas Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá y San Antonio Tedzidz.
El monitoreo combinó la participación de habitantes de las comunidades, quienes identificaron los sitios de muestreo, con análisis realizados por un laboratorio acreditado.
De acuerdo con los resultados, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de cuantificación de coliformes totales, mientras que 13 registraron concentraciones de coliformes fecales superiores a 1,800 NMP por cada 100 mililitros de agua.
Además, dos muestras, correspondientes a Motul y Chocholá, superaron la referencia de 50 miligramos por litro de nitratos establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.
La exposición a nitratos mediante el consumo de agua ha sido relacionada en investigaciones científicas con distintos riesgos para la salud, incluidos efectos adversos durante el embarazo y determinados tipos de cáncer.
Ornela Garelli, representante de Greenpeace, explicó durante la presentación que los resultados evidencian un problema de contaminación que requiere atención inmediata, particularmente por las características del suelo de la península de Yucatán.
La región se encuentra sobre un sistema kárstico, formado por roca caliza porosa, que facilita la infiltración de contaminantes hacia el acuífero subterráneo. Este sistema abastece de agua a las poblaciones y sostiene ecosistemas como cenotes, humedales y manglares.
El estudio también identificó muestras con concentraciones elevadas de fósforo, materia orgánica y otros indicadores asociados con descargas de aguas residuales o excretas animales.
Aunque los análisis realizados por Greenpeace no permiten determinar con precisión el origen de toda la contaminación encontrada, investigaciones complementarias citadas en el informe identificaron, mediante el marcador molecular Pig-2-Bac, presencia de materia fecal de origen porcino en muestras de agua de comunidades de Yucatán.
Ante estos resultados, Greenpeace planteó la necesidad de establecer una moratoria inmediata para la construcción de nuevas megagranjas porcícolas y la ampliación de las existentes, además de implementar un monitoreo ambiental permanente.
Comunidades mayas denuncian afectaciones a su territorio y sus medios de vida:
Para las comunidades mayas, la contaminación del agua no representa únicamente una preocupación ambiental, sino también una amenaza a sus actividades productivas, su salud y sus formas de vida.
Carlos Yamá, habitante de Kinchil, sostuvo durante la rueda de prensa que las afectaciones relacionadas con la actividad porcícola deben entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, pues las instalaciones industriales operan en territorios donde las familias dependen directamente de los recursos naturales.
“Las granjas no operan en el aire, operan en nuestra tierra”, expresó al señalar que la degradación del monte y la contaminación del agua también repercuten en actividades tradicionales como la apicultura, de la que dependen numerosas familias mayas.
Asimismo, destacó que las mujeres enfrentan cargas adicionales cuando existen problemas de salud en las familias, debido a que frecuentemente son quienes asumen las tareas de cuidado.
El representante comunitario cuestionó las respuestas que han recibido de las instituciones ambientales y sostuvo que las comunidades no pueden seguir esperando hasta que los daños sean irreversibles.
Desde su perspectiva, las autoridades deben aplicar el principio precautorio y garantizar que las decisiones relacionadas con proyectos industriales respeten los derechos territoriales y de participación de los pueblos indígenas.
Foto: Jesús Quintanar/ GREENPEACE
Un año de denuncias y procedimientos sin resolver
La Red To’oné Ja’o’on recordó que hace un año presentó una denuncia popular ante instancias federales por las posibles afectaciones ambientales relacionadas con distintas instalaciones porcícolas.
Entre los casos señalados se encuentran las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, Maxcanú; y los complejos porcícolas de Kekén cercanos a Kinchil y Celestún.
De acuerdo con la organización, algunos de estos establecimientos cuentan con antecedentes de inspecciones, irregularidades, multas y clausuras temporales. Sin embargo, las comunidades sostienen que todavía existen procedimientos administrativos pendientes y falta información pública sobre las medidas adoptadas.
La Red también cuestionó un convenio mediante el cual autoridades federales y estatales acordaron transferir atribuciones relacionadas con la evaluación y vigilancia ambiental de las unidades de producción porcícola al gobierno de Yucatán.
Según explicó Lourdes Carrillo durante la presentación, este acuerdo fue adoptado sin consultar a las comunidades afectadas, por lo que fue impugnado mediante un juicio de amparo en el que una jueza federal concedió una suspensión definitiva.
La organización considera que la vigilancia ambiental debe garantizar mecanismos efectivos de inspección, participación comunitaria y acceso a la información.
El cierre de una granja no termina con la contaminación
Otro de los asuntos que preocupa a las comunidades es la situación de Santa María Chí, donde fue clausurada la granja porcícola conocida como Santa María o San Gerardo.
Wilbert Nahuat Chalé, habitante de esa comunidad, advirtió que el cierre de las instalaciones no significa que los problemas ambientales hayan desaparecido.
Durante su intervención señaló que, aunque los animales fueron retirados de la granja, la comunidad continúa preocupada por la calidad del agua y por el destino de los cerdos trasladados a otras instalaciones.
De acuerdo con información retomada por la Red To’oné Ja’o’on, miles de animales habrían sido movilizados hacia instalaciones ubicadas en las zonas de Tepacal y San Antonio Tzacalá, cercanas a Molas y a la Reserva Ecológica Cuxtal.
Esta situación ha generado nuevas preocupaciones debido a que la reserva constituye una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Mérida.
Las comunidades demandan que las autoridades esclarezcan el traslado de los animales, verifiquen las condiciones ambientales de las instalaciones receptoras y garanticen la reparación integral del daño ocasionado en Santa María Chí.
Exigen vigilancia ambiental y frenar nuevas instalaciones
Durante la presentación, María Elidiana Cahuich May expuso las principales exigencias de las comunidades, entre ellas realizar inspecciones ambientales efectivas y transparentes, publicar los resultados de los procedimientos administrativos iniciados durante 2025 y 2026 y establecer mecanismos de monitoreo periódico y participativo de la calidad del agua.
También solicitaron investigar la mortandad de peces reportada en una laguna ubicada entre Kinchil y Maxcanú, así como determinar posibles responsabilidades ambientales.
Por su parte, Greenpeace México llamó a fortalecer la participación ciudadana y a reconocer que la degradación del acuífero de Yucatán constituye un problema que trasciende las comunidades donde se encuentran las instalaciones industriales.
La organización advirtió que la vulnerabilidad del sistema subterráneo exige medidas preventivas para evitar que continúe aumentando la carga de contaminantes.
El informe también recupera antecedentes sobre la expansión de la industria porcícola en la península. En 2020, Greenpeace identificó 257 granjas, mientras que un diagnóstico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró 507 instalaciones en 2023.
Para las comunidades mayas, el incremento de las instalaciones industriales y la persistencia de problemas ambientales hacen necesario revisar no solo las autorizaciones y mecanismos de vigilancia, sino también las consecuencias que estas actividades tienen sobre el territorio.
A un año de la denuncia popular, la Red To’oné Ja’o’on insiste en que la protección del agua no puede depender únicamente de nuevos estudios o procedimientos administrativos, sino de acciones concretas que garanticen la salud, el ambiente y los derechos de quienes habitan la península de Yucatán.
