Las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado para despenalizar el aborto aún no han sido discutidas, pero la polarización en torno al tema ya se ha hecho presente en las puertas del recinto legislativo. Mientras grupos antiderechos protestaban “a favor de la vida”, activistas feministas exigieron a las y los diputados que cumplan con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y legislen para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en Yucatán.
Este miércoles, grupos autodenominados ‘provida’ realizaron oraciones y consignas en contra de las iniciativas. Sin embargo, a medida que se acercaba la sesión ordinaria, la activista María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), desmintió algunas de las afirmaciones hechas por estos sectores.
“Claro que no, no se trata de interrumpir el embarazo hasta el último minuto antes del parto. La Suprema Corte ha señalado que todos los estados, incluyendo Yucatán, deben avanzar en la despenalización del aborto, y ha fijado las 12 semanas como un piso mínimo indispensable”, explicó.
Balam Aguilar enfatizó que la lucha por la despenalización no implica promover el aborto, sino eliminar la criminalización de quienes deciden interrumpir un embarazo y garantizar que el acceso a este derecho se dé en condiciones seguras y con atención médica adecuada.
“Las iniciativas presentadas buscan educación integral en sexualidad, mayor acceso a métodos anticonceptivos y estrategias de salud reproductiva para todas las personas en el estado”, puntualizó.
El Congreso estatal ahora no tiene muchas opciones, puesto que la SCJN determinó que es inconstitucional penalizar el aborto y estableció que las autoridades de salud en los estados están obligadas a garantizar su acceso. Pese a ello, en Yucatán sigue sin haber reformas legales que respalden este derecho.
En este contexto, el pasado 5 de febrero, legisladoras de Morena y Movimiento Ciudadano presentaron dos iniciativas en el Congreso del Estado. La primera plantea modificar el Artículo 1 de la Constitución local, la Ley Estatal de Salud y el Código Penal para eliminar restricciones que criminalizan el aborto.
La segunda iniciativa considera los mismos cambios, pero con un lenguaje incluyente para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo a todas las personas con capacidad de gestar, incluyendo hombres trans y personas no binarias.
Mientras tanto, los grupos que se manifestaron fuera del Congreso insisten en frenar cualquier avance y promover la tipificación del ‘feticidio’ como un delito.
Aborto seguro y libre de estigma
La activista Kelly Ramírez Alpuche, presidenta de Igualdad Sustantiva Yucatán (ISY), subrayó que el debate sobre el aborto sigue marcado por mitos y desinformación, lo que refuerza el estigma en torno al derecho a decidir.
“Es crucial hablar del aborto de manera libre y segura, sin información falsa. Se han dicho muchas mentiras sobre las iniciativas, pero la mayoría contempla la despenalización hasta las 12 semanas. Y cuando hablamos de abortos en etapas avanzadas, se trata de procedimientos médicos controlados que ocurren en circunstancias específicas, como causales eugenésicas”, explicó.
Ramírez Alpuche también destacó que en Yucatán hay una demanda real de acceso a abortos seguros. Desde 2018, la organización de la que forma parte ha documentado un aumento en la cantidad de personas que buscan información y acompañamiento en la interrupción del embarazo.
“Pasamos de atender 300 casos al año a más de 800 en 2023. Además, el Hospital General Agustín O’Horán ha realizado más de mil abortos seguros desde que implementó su programa de atención”, señaló.
En ese sentido, la activista reiteró la importancia de garantizar el acceso a la información, eliminar barreras de acceso y reconocer los derechos sexuales y reproductivos como parte de una política de salud pública integral.
El debate sobre la despenalización del aborto en Yucatán sigue abierto, pero el Congreso local tiene una responsabilidad clara: garantizar los derechos de quienes deciden sobre su propio cuerpo y cumplir con el mandato de la Suprema Corte.
