Por: Redacción
A las horas pico que ya colapsan las principales vialidades de Mérida, ahora hay que sumarle el tráfico que se genera frente a muchas escuelas, sobre todo particulares del norte de la ciudad. Cada mediodía, decenas de madres y padres de familia detienen sus autos sobre avenidas, se estacionan en doble fila o bloquean completamente el paso en calles aledañas, provocando cuellos de botella que afectan a vecinos y automovilistas. El fenómeno se repite en distintos puntos de la capital, donde las maniobras de ascenso y descenso de estudiantes han convertido la salida escolar en una prueba diaria de paciencia.
Uno de los focos más conflictivos se encuentra entre las colonias Montes de Amé y Sodzil Norte, donde en menos de 300 metros coinciden tres planteles: Loyola Comunidad Educativa, Centro Educativo Piaget y la Escuela Secundaria “Carmen Cervera Andrade”. Quienes intenten cruzar entre las calles 39 y 38 entre la 1:00 y las 2:30 de la tarde se toparán con una fila inmóvil de autos que impide el tránsito. Durante ese lapso, la circulación en la calle 30 y la 35 se vuelve imposible, incluso a pesar de los dispositivos de apoyo vial montados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.
El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán establece de forma clara las obligaciones en las zonas escolares. En sus artículos 174 al 176, detalla que los peatones y conductores deben acatar las indicaciones del comisionado o auxiliar escolar, que los estudiantes tienen preferencia absoluta en cruces, ascenso y descenso, y que los conductores están obligados a reducir su velocidad a 20 km/h, ceder el paso, respetar la canalización dispuesta y —clave en este problema— no estacionarse en doble fila. Estas normas buscan garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes, pero su cumplimiento dista mucho de ser una constante en la capital yucateca.
El mismo reglamento prevé figuras de apoyo como el Comisionado Escolar de Vialidad, el Auxiliar Vial y el Patrullero Escolar, que pueden ser designados por las escuelas y capacitados por la SSP. Sus funciones incluyen canalizar el tránsito, orientar a los peatones y colaborar en la prevención de accidentes. Sin embargo, no todas las escuelas cuentan con estas figuras o las aplican de manera formal, lo que deja un vacío operativo en zonas donde la demanda de control vehicular es alta. La ley prevé su carácter honorífico, pero su efectividad depende de la coordinación entre planteles, autoridades y comunidad.
Vecinos de la zona confirman que el problema se ha vuelto cotidiano. “Entre las 12:30 y las 2:30 es imposible pasar, igual que en la mañana. Las calles quedan completamente bloqueadas”, comenta un residente de Montes de Amé. Otra vecina señala que “muchos padres se estacionan frente a las casas o tapan las cocheras mientras esperan a sus hijos. A veces uno ni puede salir de su propio garaje”. Ambos coinciden en que, aunque hay presencia de agentes de tránsito, la situación se repite día tras día, con poco cambio en la conducta de los automovilistas.
Este problema también se repite en otras zonas de alta circulación, como la Avenida Itzáes —una de las principales arterias de Mérida que conecta con el Centro Histórico y el aeropuerto—, donde entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde el tránsito se vuelve caótico a la altura del Centro Estatal de Bellas Artes. Lo mismo ocurre en la colonia San Ramón Norte, sobre la Avenida García Lavín, en las inmediaciones del Ateneo de Mérida, y en la Avenida Correa Rachó frente al Colegio Asbaje, donde el flujo vehicular se congestiona casi a diario al cierre de jornada escolar.
La SSP ha anunciado medidas para reforzar la seguridad vial en zonas escolares, incluyendo más presencia policial, nueva señalética, instalación de pasos peatonales y supervisión del cumplimiento de los límites de velocidad. También contempla impartir módulos de educación vial a los alumnos y promover la figura del patrullero escolar. No obstante, estas acciones siguen siendo insuficientes sin una labor compartida de la Secretaría de Educación del Estado, los centros educativos y las propias madres y padres de familia. El respeto al espacio público y la corresponsabilidad ciudadana deben acompañar cualquier operativo policial si se busca un cambio real en la movilidad escolar de Mérida.
