Tras su detención en Jalisco, el activista y director de la Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, fue liberado; sin embargo, su caso fue señalado por organizaciones y comunidades como un ejemplo de criminalización contra personas defensoras del medio ambiente y del territorio en Yucatán.
La Fundación Yansa denunció que la detención se dio en un contexto de hostigamiento y persecución, luego de que Oceransky fuera citado el pasado 3 de abril ante un juzgado en Tonalá, Jalisco, por una denuncia de presunta extorsión. La organización sostuvo que el activista no conocía a la persona denunciante, no ha vivido ni trabajado en ese estado y no tuvo acceso previo a la carpeta de investigación.
De acuerdo con la abogada Alejandra Poot, la detención fue arbitraria y vulneró sus derechos, en un contexto donde, señalaron, existen carpetas abiertas durante años sin sustento suficiente, utilizadas como mecanismos de presión contra quienes acompañan procesos comunitarios.
La fundación afirmó que este caso forma parte de un patrón de represalias por su trabajo en la defensa del territorio frente a megaproyectos inmobiliarios, energéticos y agroindustriales. También acusó que mientras las denuncias contra activistas avanzan con rapidez, los ataques y amenazas en su contra permanecen sin atención oportuna por parte de las autoridades.
Comunidades mayas de Kinchil, Ixil, Molas y Dzitnup expresaron su respaldo a Oceransky y advirtieron que la defensa de la selva, el agua y la tierra no puede ser tratada como delito. Señalaron que este tipo de acciones buscan desgastar y debilitar los procesos organizativos comunitarios.
Aunque Oceransky ya se encuentra en libertad, la Fundación Yansa insistió en la necesidad de detener cualquier forma de criminalización contra defensores del territorio y llamó a organismos de derechos humanos y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes.
“La defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas nunca será un delito”, sostuvo la organización.
