Por Itzel Chan
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ampara a 17 comunidades mayas de Hopelchén frente a la presencia de plaguicidas en el agua representa una victoria después de años de exigencias. Pero para quienes habitan Los Chenes, el fallo abre también una nueva preocupación: cómo conseguir que lo resuelto por los ministros se convierta en agua limpia y en medidas capaces de prevenir daños a la salud.
El cumplimiento de la sentencia será una de las siguientes batallas. Comunidades y especialistas consideran que, además del monitoreo permanente de la calidad del agua ordenado por la Corte, será necesario impedir que los plaguicidas altamente peligrosos continúen utilizándose y evaluar qué ha ocurrido con la salud de quienes han estado expuestos a estas sustancias.
“Si no se prohíben los plaguicidas, estos van a seguir en los cuerpos de agua”, advirtió Leticia Yáñez Estrada, toxicóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante una conferencia de prensa realizada después de la resolución de la SCJN.
La especialista planteó que la prohibición tendría que estar acompañada de alternativas que permitan modificar las prácticas agrícolas, pues detener el uso de determinadas sustancias sin ofrecer otras posibilidades a quienes trabajan en el campo podría dificultar la transición.
El problema, explicó, tampoco termina en conocer qué sustancias se encuentran en el agua. Uno de los pasos que considera necesarios es evaluar las condiciones de salud de la población de Los Chenes y determinar los posibles efectos asociados con la exposición a estos compuestos.
La investigadora señaló que los plaguicidas son sustancias diseñadas precisamente para matar o controlar organismos y que algunos de sus efectos pueden presentarse después de periodos prolongados de exposición. Entre las afectaciones que preocupan se encuentran alteraciones reproductivas y neurológicas.
Ante ese escenario, Yáñez Estrada destacó la importancia de aplicar el principio precautorio: no esperar a que aparezca una enfermedad o un daño irreversible para comenzar a actuar.
La resolución de la Corte, consideró, puede tener además implicaciones que van más allá de Hopelchén, pues la exposición a plaguicidas no es una problemática exclusiva de Campeche. El precedente puede contribuir a discutir las medidas que deben adoptarse en otras regiones del país donde existe un uso intensivo de agroquímicos y comunidades expuestas a sus efectos.
Una sentencia después de años de exigencias:
Para las comunidades mayas de Los Chenes, que durante años han recurrido a diferentes vías jurídicas y organizativas para defender el agua, la salud y el territorio, el reconocimiento judicial tiene un peso particular.
“Sí vemos un gran paso que se reconozca que el agua tenga presencia de plaguicidas. Es algo por lo que muchos años se ha venido luchando”, señaló Leydy Aracely Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes.
Pero la experiencia acumulada también explica por qué reciben la sentencia con cautela. Pech recordó que los pueblos de la región han obtenido anteriormente resoluciones favorables cuyos efectos todavía no se reflejan plenamente en el territorio. Por ello, el interés de las comunidades está puesto ahora en la implementación.
Esperan, explicó, que la resolución “realmente se traduzca en acciones, en compromisos, en cambios estructurales” que permitan garantizar derechos básicos como beber agua limpia, acceder a una alimentación sana y respirar aire limpio.
El fallo de la Suprema Corte obliga a las autoridades responsables a garantizar agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para las comunidades, además de establecer un monitoreo permanente y generar información sobre la situación ambiental.
Sin embargo, para las comunidades y especialistas, cumplir estas medidas deberá significar también actuar sobre el origen de la contaminación. De poco serviría identificar constantemente la presencia de sustancias peligrosas si estas continúan incorporándose al ambiente.
Del fallo al territorio:
La resolución se encuentra en proceso de engrose, etapa en la que se integra la versión definitiva de la sentencia al expediente. Después comenzará una fase decisiva: vigilar que las autoridades federales, estatales y municipales obligadas cumplan las medidas establecidas por la Corte.
Para Yáñez Estrada, este proceso representa también una oportunidad para comenzar a diseñar estrategias de prevención, evaluar los posibles daños a la salud y discutir la permanencia en el mercado de sustancias consideradas altamente peligrosas.
Para las comunidades de Los Chenes, mientras tanto, la expectativa es más concreta, que después de años de denuncias, organización y litigios, lo escrito en una sentencia pueda sentirse finalmente en la vida cotidiana.
