Activistas exigen que caso de Itzel, joven que actuó en defensa propia, sea juzgado con perspectiva de género y bajo el Síndrome de Mujer Maltratada.
Por Itzel Chan
Itzel, menor de tres hermanos, nacida en Valladolid y madre de tres hijos, arrastra una vida de violencia extrema desde hace más de 15 años. En 2021, la madrugada del 5 de marzo, privó de la vida a quien era su pareja y también su principal agresor. Ahora enfrenta una condena de 30 años, así como el pago de reparación del daño emergente por un millón, 797 mil 777 pesos y activistas indican que es una sentencia injusta, revictimizante y una expresión de violencia institucional, pues habría actuado en defensa propia.
En Yucatán, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han vivido al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación.
Itzel América Loría Poot vivió todas las violencias a diario y su historia, desafortunadamente no es aislada en la entidad denominada como la más segura en México. En Yucatán hay muchas Itzeles.
¿Cuál es el caso de Itzel?
El pasado 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Valladolid, dictó una sentencia para Itzel de 30 años y dos meses, por el delito de Homicidio en Razón de la relación a su pareja.
Sin embargo, integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán detectaron una serie de irregularidades en el caso, además que hay omisión por parte de la Defensoría Pública del Estado y del Tribunal que dictó la sentencia.
A pesar de que el Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento en Valladolid está integrado por tres mujeres (María Danila Dzul Tec, María del Socorro Tamayo Aranda y Manuela Francisca Chiú Dorantes), la sentencia que se le dictó a Itzel ignora la serie de violencias vividas a sus 29 años, a tal grado que presenta el Síndrome de Mujer Maltratada.
Rocío Quintal López, integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, compartió que las juezas ignoran la desventaja en la que creció Itzel, siendo inmersa en un contexto de pobreza, exclusión, marginación, violencia estructural, de género y simbólica.
“Al ser juzgada tenía condiciones que al entrar en intersección, son las peores en México para ser sujeto de discriminación, revictimización y criminalización por parte de un sistema judicial insensible: ser mujer, ser pobre y ser indígena”, mencionó.
Algunas de las violencias vividas son relacionadas desde la violencia física hasta el sexo forzado, que recae en violación.
Fue la madrugada del 5 de marzo cuando Itzel se vio inmersa en una pelea con su entonces pareja y en medio de los hechos, por el temor de ser golpeada una vez más, tomó un cuchillo de la cocina y se escondió en el patio de su casa detrás de un árbol de limones, posteriormente su pareja la encontró y comenzó la agresión, así que ella usó el cuchillo y lo mató.
Al tratarse de un contexto con una alta escala de violencia, las activistas exigen que las y los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, procedan a juzgar conforme a lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que es juzgar con Perspectiva de Género.
Sobre todo, solicitan que sea reconocido el contexto de violencia de género e institucional, la cual está acreditada con el Dictamen Pericial en Materia de Psicología realizado a Itzel.
“El caso de Itzel debe sentar un precedente. En Yucatán, aunque tarde, pero la justicia debe llegar”, agregó la académica.
Como Frente ya presentaron la figura “Amicus Curiae”, elaborada por el abogado Jorge Fernández Mendiburu, para que el caso sea analizado con base en criterios que deben ser aplicados y que ya han sido posibles en otros casos.
El padre de Itzel, Humberto Loría, pide que la sentencia de su hija sea justa porque actuó en defensa propia.
“En Valladolid nos ignoran, estamos indignados y tenemos pruebas de toda la violencia que vivió”, indicó.
Además, narró que Nael Pech Torres, el abogado defensor que les asignaron en un principio, les pidió 20 mil pesos a cambio de buscar que la sentencia fuera menor y aún así le dictaron 30 años de prisión. A la par tuvo que pagar más de 2 mil pesos para el armado del expediente.
“Yo sólo quiero un castigo justo porque a ella la ponen como la única ‘mala’, pero quiero buscar la justicia, además que no tenemos el dinero para pagar todo lo que nos piden”, añadió.
Al respecto, la activista Nancy Walker Olvera dijo que este caso también devela prácticas que son frecuentes dentro del sistema en Yucatán y en todo México.
“Con esto quisiéramos que a don Beto y su familia se les proteja porque con exponer esto puede que empiecen las intimidaciones. Esto ha sido un proceso de tres años de peregrinar en la búsqueda de impartición de justicia”, señaló.
Otros casos similares:
2003: Prudencia, mujer maya, vivió 20 años de violencia, su pareja le ocasionó varios abortos y lesiones graves. Aunque denunció, nunca obtuvo respuesta y en una riña, asesinó a su esposo. Se le dictaron 25 años de cárcel. Tras peritajes, fue absuelta.
2016: La Primera Sala del Máximo Tribunal resolvió el caso de una mujer declarada responsable por el homicidio calificado de su pareja sentimental y se le impuso una pena de 27 años y 6 meses de prisión. La sentencia fue revocada y se ordenaron los peritajes pertinentes. Se descubrió que la mujer vivió violencia extrema desde 2007.
2020: Aracely, mujer maya del municipio de Halachó, al luchar por su vida, mató a su ex pareja, quien se rehusaba a terminar la relación. Sin embargo, en su caso, con el apoyo de la sociedad civil, recibió una sentencia de un año 3 meses, pues se comprobaron los años de violencia vividos.
¿Qué se le pide al Congreso del Estado en relación a estos casos?
Las académicas y activistas que acompañan el caso de Itzel piden que exista una iniciativa de Ley para sancionar e incluso inhabilitar a jueces y juezas que emitan sentencias sin apego al protocolo de perspectiva de género que establece la SCJN, porque esto recae en violencia institucional que revictimiza y criminaliza.
