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En 2023 fueron asesinadas 20 personas por defender su selva, agua y tierra en México

Por Itzel Chan

En México defender el agua, la selva y la tierra es una de las actividades más peligrosas que llevan incluso a que las personas ambientalistas pierdan la vida.

De acuerdo con el estudio que realiza periódicamente el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de los últimos diez años, el 2023 fue el segundo donde se documentaron más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando un total de 123. Tan sólo en el año 2022 hubo 197 agresiones.

Hasta ahora se ha identificado que Michoacán es el estado de la república mexicana donde hay más peligro para las personas defensoras y a pesar de que Yucatán por ejemplo se caracteriza por ser una entidad segura, también registra agresiones a ambientalistas y defensoras.

Uno de los datos que llama la atención es que 57.7% de los casos de agresión en el 2023 fueron en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas, lo que quiere decir que quienes cuidan su territorio son las personas más vulnerables.

En este estudio fue detectado que el principal agresor es el mismo gobierno, el que en teoría debería defendernos. Las víctimas suelen ser personas de pueblos originarios, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios, comuneros, personas académicas, estudiantes, periodistas y defensores independientes.

Dentro de las personas que han sido agredidas se encuentran niños, niñas y adolescentes. Estas cifras reflejan que la violencia va más allá de las propias personas defensoras y en muchas ocasiones alcanza a familiares, vecinos o miembros de la comunidad.

De esta manera, algunas de las recomendaciones que hace el Cemda van dirigidas a los tres poderes de la Unión, así como al gobierno a nivel municipal, estatal y federal.

Además, reiteran el llamado al Estado mexicano para que tome las medidas de política pública, así como de asignación de recursos materiales y humanos suficientes que garanticen entornos seguros y propicios para realizar la labor de defensa de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales.

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