A las siete de la noche, una pareja llega con dos maletas a una casona restaurada del Centro Histórico de Mérida. No toca la puerta ni espera a un anfitrión. Frente a una pequeña caja metálica colocada junto al portón introduce un código recibido por teléfono minutos antes. La llave aparece. En menos de cinco minutos ya están instalados en las habitaciones que ocuparán por unos cuantos días.
A la mañana siguiente caminarán por Paseo de Montejo, desayunarán en una cafetería de especialidad, visitarán una galería y quizá publiquen en sus redes sociales que encontraron «la auténtica Mérida». Unos días después se irán y alguien más ocupará su lugar.
Lo que casi nunca aparece en la fotografía es la otra historia: la de las familias que dejaron de vivir en esas mismas casas, la de los vecinos que ahora ven desfilar rostros distintos cada semana o la de quienes buscan rentar una vivienda y descubren que competir contra el mercado turístico resulta cada vez más difícil.
En Mérida, la discusión sobre Airbnb ya no trata únicamente de turismo. Empieza a tratar sobre el derecho a habitar la ciudad.
La ciudad que descubrió que podía rentarse
Durante la última década, Mérida dejó de promocionarse únicamente como una ciudad segura. Se convirtió en uno de los destinos urbanos con mayor crecimiento turístico del país. La llegada de visitantes nacionales e internacionales, el auge del trabajo remoto, la migración de personas provenientes de otras entidades y del extranjero, junto con un mercado inmobiliario en plena expansión, modificaron la forma en que muchas viviendas comenzaron a utilizarse.
Lo que antes era una casa para una familia pasó a convertirse en un alojamiento temporal.
Los datos muestran la magnitud del fenómeno. De acuerdo con Inside Airbnb, recopilados por Quinto Elemento Lab, Mérida cuenta con 6,662 alojamientos registrados en la plataforma, lo que la convierte en el décimo municipio con mayor oferta del país, por encima incluso de ciudades como Monterrey. En la Península, solamente Playa del Carmen (14,963), Tulum (12,142) y Benito Juárez-Cancún (8,872) concentran una oferta superior.
La transformación no ocurre únicamente en Mérida. Progreso registra 1,499 alojamientos, mientras Valladolid suma 1,111, consolidando un corredor turístico que atraviesa buena parte del norte y oriente de Yucatán.
En conjunto, la Península de Yucatán y el Caribe mexicano concentran aproximadamente una quinta parte de toda la oferta de Airbnb existente en México.
¿Quién está detrás de este negocio?
Durante años, Airbnb construyó una narrativa sencilla. La plataforma permitía imaginar a una familia que rentaba un cuarto libre para complementar sus ingresos.
Sin embargo, la fotografía actual del mercado mexicano muestra una realidad mucho más compleja.
Los datos analizados por Quinto Elemento Lab revelan que únicamente el 44% de los alojamientos pertenece a anfitriones tradicionales que administran una o dos propiedades. El resto ya forma parte de un mercado claramente comercial.
Un 33% corresponde a propietarios con entre tres y nueve inmuebles, mientras otro 23% está en manos de operadores que administran diez o más alojamientos.
En otras palabras, más de la mitad del negocio ya no gira alrededor de pequeños anfitriones, sino de inversionistas y operadores inmobiliarios.
La pregunta inevitable es si esa misma concentración también comienza a reproducirse en Mérida.
Responderla requerirá revisar registros públicos, catastros, empresas administradoras y el crecimiento de nuevos desarrollos habitacionales orientados específicamente a la renta de corta estancia.
Cuando la vivienda cambia de función
Toda ciudad necesita hoteles. También necesita turistas. Pero necesita, antes que cualquier otra cosa, viviendas.
Ese equilibrio comienza a convertirse en una de las discusiones más importantes en ciudades altamente visitadas alrededor del mundo. Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Nueva York y Ciudad de México, solo por mencionar algunos ejemplos.
Todas han debatido hasta qué punto una vivienda puede dejar de cumplir una función habitacional para integrarse al mercado turístico. Mérida apenas comienza esa conversación.
Y lo hace en medio de un crecimiento inmobiliario sin precedentes, donde cada vez aparecen más edificios de departamentos, desarrollos verticales y casonas restauradas cuya principal vocación ya no parece ser recibir vecinos permanentes, sino visitantes temporales.
La pregunta ya no es cuántos Airbnb existen. La pregunta es cuántas viviendas han dejado de estar disponibles para quienes desean vivir en la ciudad.
El debate apenas comienza
El tema escaló estos días al terreno empresarial. El Consejo Empresarial Turístico (Cetur) pidió establecer un registro obligatorio para los hospedajes operados mediante plataformas digitales, argumentando que actualmente existen miles de inmuebles cuya operación escapa a controles similares a los que enfrentan los hoteles tradicionales.
Su presidente, Jordy Abraham Martínez, sostuvo que los establecimientos formales registran huéspedes, cumplen protocolos de protección civil, reportan información financiera y mantienen comunicación permanente con las autoridades, mientras que buena parte de los alojamientos ofertados en plataformas digitales operan sin un padrón público que permita conocer quién administra cada inmueble o quién se hospeda en él.
Para el organismo, esa diferencia genera vacíos en materia de seguridad y abre la puerta a riesgos como el lavado de dinero, por lo que propuso avanzar hacia un esquema de regulación que establezca condiciones equivalentes para ambos modelos de hospedaje.
El Ayuntamiento apuesta por la regulación
El crecimiento de las plataformas de hospedaje temporal ya comenzó a llegar también a la agenda del Ayuntamiento de Mérida.
Cuestionada sobre el tema durante su conferencia semanal, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada afirmó que su administración ya sostiene reuniones con representantes del sector turístico y reconoció que trabaja en una estrategia para ordenar este tipo de alojamientos dentro del municipio.
La edil explicó que actualmente se busca que los propietarios de viviendas utilizadas como hospedaje temporal tramiten el cambio de uso de suelo, al considerar que estos inmuebles dejaron de tener una función exclusivamente habitacional para operar como establecimientos de carácter comercial.
«Lo que pedimos es que quienes tienen estos bienes se acerquen a sacar su uso de suelo, porque no pueden tener un uso de suelo de vivienda cuando hacen un uso comercial del inmueble», señaló.
Posteriormente, explicó, los propietarios deberán gestionar también una licencia de funcionamiento como parte del proceso de regularización.
Sin embargo, la alcaldesa reconoció que actualmente no existe una disposición legal que obligue a los anfitriones de plataformas digitales a realizar este procedimiento, por lo que el Ayuntamiento trabaja mediante un esquema de invitación y acercamiento voluntario.
«Actualmente no hay nada que nos obligue. Estamos más bien invitándolos para regular esto y para que haya orden en nuestra ciudad, como parte de la Mérida ordenada que todos los días buscamos», afirmó.
Patrón Laviada indicó que algunos propietarios ya se han acercado al municipio para iniciar ese proceso y aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando en mecanismos que permitan dar mayor orden a esta actividad.
Las declaraciones de la alcaldesa muestran que el fenómeno ya comienza a discutirse desde la política pública. Sin embargo, el debate apenas empieza.
Regular el uso de suelo, registrar los alojamientos o establecer nuevas obligaciones administrativas responde a una parte del problema.
La otra, quizá más compleja, consiste en responder una pregunta que hoy atraviesa ciudades de todo el mundo: ¿Cómo impulsar el turismo sin reducir las oportunidades de quienes buscan un lugar para vivir?
Cada vez que una vivienda cambia de función y deja de alojar a una familia para convertirse en un alojamiento temporal, la ciudad también cambia. Cambian los barrios, los comercios, los precios, los vecinos y, sobre todo, cambia la memoria cotidiana.
