Protocolos por violencia contra estudiantes aumentan en Yucatán mientras se acumulan denuncias recientes
Por Itzel Chan
Las denuncias por presuntos casos de abuso y acoso en instituciones educativas de Yucatán han estado presentes en los últimos meses. Entre 2020 y abril de 2026, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) ha activado 838 protocolos entre 2020 y abril de 2026.
Casos muy sonados como la protesta de madres y padres de familia en la telesecundaria de Tesoco, en Valladolid; los señalamientos contra un docente de la Secundaria Serapio Rendón, en Mérida; y la inconformidad estudiantil por el nombramiento de un profesor acusado previamente de presunto acoso en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 31-A, dejan ver que la violencia en espacios escolares persiste.
Información obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia por el equipo de Ventanas Rotas, revela que de los 838 protocolos activados, se detecta un promedio cercano a 120 protocolos por ciclo escolar y a casi un procedimiento iniciado cada día y medio de clases.
Durante ese periodo, la dependencia pasó de registrar 53 activaciones en 2020 a 202 en 2024, la cifra anual más alta desde que comenzó este seguimiento estadístico.
En 2025 se reportaron 173 activaciones, mientras que entre enero y abril de 2026 ya sumaban 67 procedimientos iniciados.
Las estadísticas muestran además que las escuelas secundarias concentran el mayor número de activaciones. Entre 2020 y abril de 2026 acumularon 348 protocolos, seguidas por las primarias con 269 y los preescolares con 131.
Tan solo en 2024 se registraron 98 protocolos en secundaria, 67 en primaria y 18 en preescolar. En lo que va de 2026, las secundarias continúan encabezando la lista con 35 procedimientos activados.
Para Nancy Walker Olvera, activista, investigadora e integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, hablar de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes implica reconocer no solamente la gravedad de la agresión, sino también las dificultades que pueden aparecer cuando una víctima intenta contar lo ocurrido y buscar justicia.
A diferencia de otros delitos, explicó, una agresión sexual tiene consecuencias que atraviesan el cuerpo y la salud emocional de las víctimas. Cuando se trata de niñas y niños, además, comunicar lo sucedido puede representar una primera barrera debido al miedo, las amenazas o la dificultad para comprender y expresar lo que ocurrió.
“Cuando se trata de niñeces, se triplica porque entre el miedo de sentirse amenazado o amenazada, empieza: está mal, pero ¿cómo se lo vas a decir a la maestra o a la familia? Entonces, primero es la lucha contigo misma”, señaló.
Walker Olvera advierte que otra dificultad aparece cuando la persona señalada pertenece al entorno cercano de la víctima. Puede tratarse de familiares, vecinos o personas con quienes existe una relación cotidiana e incluso vínculos económicos. En estos escenarios, sostuvo, las dinámicas familiares y comunitarias pueden convertirse en obstáculos para denunciar y dar seguimiento a los casos.
Desde su perspectiva, docentes y personal educativo pueden encontrarse rebasados por sus responsabilidades y, particularmente en comunidades del interior del estado, enfrentarse al temor de conflictos o presiones comunitarias, además de las dificultades que supone trasladarse para realizar una denuncia y posteriormente darle seguimiento.
“El proceso es un verdadero viacrucis. Tienes que viajar, si es en el interior del estado o del municipio, ir a Fiscalía, darle seguimiento. Y mientras todo eso está sucediendo, la presión y la tensión comunitaria es muy fuerte”, explicó.
Aunque cada caso tiene características distintas y se encuentra en diferentes etapas de atención institucional, todos coinciden en la exigencia para que las autoridades educativas actúen con rapidez, transparencia y con prioridad en la protección de niñas, niños y adolescentes.
En respuesta a algunos de estos hechos mencionados, la Secretaría de Educación del Estado (Segey) anunció, por ejemplo, el relevo completo de la plantilla docente de la telesecundaria de Tesoco mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, más allá de los casos recientes, los datos oficiales muestran que la activación de protocolos por posibles situaciones de violencia en centros educativos ha crecido de manera importante durante los últimos años.
La propia Segey precisa que la activación de un protocolo no significa que un delito haya sido acreditado, sino que se recibió un reporte o se detectó una situación que amerita medidas inmediatas de protección y la intervención de las instancias competentes.
Asimismo, aclara que la autoridad educativa no tiene facultades para tipificar conductas como abuso sexual o acoso sexual, ya que esa determinación corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y, en su caso, a las autoridades judiciales.
El nuevo Protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes en los planteles escolares, actualizado este año por la Segey, establece que la prioridad de las escuelas debe ser proteger de manera inmediata a las posibles víctimas, evitar su revictimización, preservar la confidencialidad de la información y notificar oportunamente a instituciones como la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), cuando las circunstancias así lo ameriten. Entre sus principios rectores destacan el interés superior de la niñez, la debida diligencia y la obligación de actuar con rapidez ante cualquier indicio de violencia.
El documento, además del abuso sexual, contempla conductas como acoso y hostigamiento sexual, violencia digital, grooming, sextorsión, violencia psicológica, negligencia e incluso violencia institucional, entendida como aquella ejercida por personas servidoras públicas o integrantes de la comunidad educativa que abusan de una posición de autoridad o poder.
La especialista Nancy Walker considera que, además de contar con protocolos, es necesario fortalecer las estructuras de prevención, atención y acompañamiento. Desde su perspectiva, un acompañamiento adecuado podría contribuir a que más víctimas y familias puedan sostener los procesos legales y evitar que las agresiones queden sin consecuencias.
“Si la atención fuera diferente, a lo mejor la gente podría sentirse más invitada a seguir un proceso legal. Aunque no te va a restituir el daño nunca, es una manera de que esos delitos no pasen impunemente”, concluyó.
