Por Itzel Chan
“Me pusieron una faja; en los dedos de los pies y en la lengua me conectaron como esos artefactos con los que le pasan corriente a los coches y comenzaron a subir al voltaje para que me diera toques”, esa es una huella imborrable en la memoria de Shantal Guerrero Romero mujer trans que pasó tres días con los ojos vendados, con grilletes en los pies y esposas en las manos, mientras recibía golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para obligarle a declararse culpable del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió en Yucatán. Han pasado casi seis años y su caso sigue en impunidad, pues ni un funcionario fue cesado de su cargo y no hay investigaciones al respecto.
En Mérida, Shantal tiene una estética con un letrero gigante que dice: Quien tiene magia en las manos no necesita truco. El día que acordamos la entrevista ella se nota arreglada, “para salir bien en la foto”, dice mientras se acomoda el cabello largo, rizado y rojo en ese momento. Tiene unos pupilentes azules que son contorneados con su delineado que disimula el cansancio de sus ojos.
En esa estética recibe a personas de todas las edades, aunque le fascina hacer maquillaje para ocasiones especiales como bodas, XV años y todas esas festividades mexicanas que se realizan a lo largo y ancho del país. Con esta actividad ella se ha hecho de un patrimonio y al mismo tiempo intenta rehacer su vida.
Antes de iniciar la entrevista se escucha por la ventana: “La Shanty se parece a Gloria Trevi ¿verdad?”. Se trata de la vecina que suele venderle comida diariamente. Shantal le responde que ese día no hará ni un pedido porque le toca ir al ‘convento’, el nombre que le dio entre sus amistades al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mérida, en el que pasó casi cinco años después de ser acusada de homicidio; y a donde va religiosamente a ver a sus amigas y amigos que ahí continúan. La risueña mujer aunque ya está en libertad, comparte que una parte de su vida se quedó ahí dentro, en la cárcel.
“A veces les cuento a mis clientas que estuve en la cárcel y no me creen”, agrega mientras termina de colocar el asiento en el que se dispone a compartir su testimonio. Al poco tiempo se acerca un hombre para preguntarle si puede cortarle el cabello, pero esta vez ella le pide que regrese después de ser entrevistada.
“Soy Shantal y soy una mujer transgénero. Tengo 52 años y nací aquí en Yucatán. Aquí es donde tengo mi vida y aquí fui víctima de tortura”.
Lo dice así, firme y claro mientras termina de delinearse los labios. Viste una blusa de manta, color blanco y con unos botones dorados muy vistosos al frente. “Siempre uso labial rojo”, comenta antes de iniciar ya en formalidad.
Shantal comenzó una relación hace 11 años con Daniel, un joven originario de Veracruz, con quien todo avanzó muy rápido. Al paso del tiempo, Shantal se dio cuenta que él tenía un uso problemático del alcohol y sustancias sin recetas médicas, con el argumento de controlar delirios de persecución, pero esto sin supervisión profesional.
La relación siguió y desde su recuerdo, considera que Daniel la trataba bien. Vivían juntos en la colonia Francisco I. Madero. Un domingo, después de una jornada de trabajo, Shantal quiso descansar un poco mientras él se tomaba unas cervezas en la piscina de la casa.
“Me fui a acostar; recuerdo que estaban pasando ‘Pequeños Gigantes’ porque se escuchaba la canción de Jesy & Joy: ‘Corre corazón’. Cuando desperté ya estaba ‘Televisa Deportes’ y Daniel no estaba en la cama. Lo busqué por toda la casa y cuando salí al patio, creí que estaba jugando porque le hablé y no respondió, entonces comencé a gritar asustada. Salieron mis vecinos y mi mamá y vimos que Daniel estaba muerto”.
Enseguida llegó una ambulancia y los paramédicos confirmaron que la causa de su muerte fue una congestión alcohólica. Al poco tiempo asistieron familiares de Daniel, entre ellos, su hermano Adrián Huerta, quien trabajaba en el Poder Judicial. Bajo el argumento de hacer las diligencias correspondientes, les pidieron desalojar la casa.
La familia le sugirió a Shantal que no se presentara en el velorio y en medio del dolor y la confusión acató la casi orden. Al día siguiente, recibió una llamada telefónica de parte de judiciales quienes le dijeron que tenía que identificar el cuerpo y le permitirían darle el último adiós a su pareja. Aunque le pareció extraño, aceptó porque creyó que era la oportunidad de ver por última vez a la persona con la que compartió una parte de su vida.
Tras la llamada, fueron por ella a casa de una amiga. Shantal se subió al vehículo y la trasladaron a un cuarto que asegura está detrás de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). “Había sólo una ventana y una banca de las que hay en las iglesias, un colchón viejo y un ropero. Me pidieron mi cartera, me quitaron mi dinero e identificación, me hicieron quitarme la blusa y el pantalón. ‘Ahora vas a saber por qué somos judiciales’, me dijeron”.
Shantal recuerda que la desnudaron, le colocaron las manos detrás de la espalda y la esposaron, en los pies le colocaron grilletes. Durante tres días permaneció con los ojos vendados, mientras recibía choques eléctricos, golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para firmar la declaración del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió.
“Tú eres quien lo mató y debes firmar esos papeles porque es tu declaración, me decían. Me pusieron una faja, en los dedos de los pies y en la lengua me conectaron como esos artefactos con los que le pasan corriente a los coches y comenzaron a subir al voltaje para que me diera toques. Yo sentía que mi cabeza estaba a punto de estallar”.
A Shantal la amenazaron con que de no firmar la declaración, le harían exactamente lo mismo a su mamá y hermana, además de que a ellas las violarían. “Tuve que firmar. Me dijeron: báñate porque te vamos a llevar a tu nueva casa”. Así la llevaron a una ‘casa de arraigo’ en donde estuvo alrededor de 21 días y luego fue trasladada al Cereso, en donde al ingresar, tuvo la oportunidad de dar su verdadera declaración y a pesar de ello, estuvo en prisión casi cinco años.
Durante este periodo, lidió con la transfobia del sistema. El juez de apellido Vázquez Juan por ejemplo, la sentenció, sin revisar pruebas, a 20 años por el delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y traición. Shantal no firmó su sentencia, pero sí su apelación. Al apelar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó su caso y revocó la sentencia por falta de pruebas, esto llevó a que Shantal fuera puesta inmediatamente en libertad tal como debió ser desde el principio.
“Todos sabíamos que no eras culpable, me repetían hasta los custodios”.
El caso de Shantal es uno de miles en el país y al respecto, Kenya Cuevas, activista por los derechos humanos, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, A.C, indica que la violación a los derechos humanos de las mujeres trans inicia desde que las meten en centros penitenciarios varoniles ante la falta de reconocimiento de su identidad de género, lo que las hace vulnerables hasta de abusos sexuales.
“En primer lugar es violencia y tortura psicológica porque también, hay que decirlo, quedan en un término de abandono por la falta de redes sociales de familiares”.
La activista que también pasó 10 años en prisión, por una injusta condena por tráfico y venta de drogas, menciona que son miles de mujeres trans en los centros de privación de libertad, cumpliendo sentencias largas por delitos menores, tanto que algunas pudieran llevar su proceso en libertad. Las mujeres trans no sólo enfrentan la violencia institucional sino la física y verbal por parte del resto de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
“Son obligadas al aseo de celdas y orilladas a ejercer el trabajo sexual dentro de las mismas prisiones”.
Aunque Shantal afirma que ella ya no sufrió malos tratos durante el resto de los cinco años en el Cereso, sí presenció el maltrato y hasta asesinato de otras mujeres trans.
“A ‘La Nahomi’ la golpearon tanto que luego la llevaron a rastras a un módulo y la encerraron por seis meses. Otro caso, el de ‘La Florecita’, la golpearon tanto, que la mataron, pero en el reporte judicial pusieron que se ahorcó por depresión”.
De acuerdo con los datos estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero de la Secretaría de Gobernación en el Cereso de Yucatán actualmente hay al menos seis personas que se reconocen como lesbianas, 30 que se reconocen como gays, tres como transexuales y una persona queer. Desde hace 12 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las Policías Municipales y a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque se ha identificado el empleo arbitrario de la fuerza pública, el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, incomunicación, intimidación, actos de tortura, cateos o visitas domiciliarias ilegales.
Dentro de los actos de tortura en el estado, se identifican interrogatorios con violencia con el objetivo de que las personas detenidas reconozcan estar involucrados en actos considerados como delitos. Se ha observado que las personas detenidas no son remitidas de manera inmediata ni a las instalaciones de la FGE, ni a la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública; sino que son conducidas a diferentes lugares de la ciudad, siendo amenazadas, intimidadas, agredidas e interrogadas al interior de los vehículos oficiales con total impunidad.
La directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, expuso en su informe sobre la situación de derechos humanos en México que entre 2020 y 2021 había al menos 315 denuncias por delito de tortura ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
A pesar de que existe este dato que fue solicitado vía transparencia, indica que no hay ninguna carpeta de investigación que se le haya asignado a un juez para dar seguimiento a los casos. La cifra presentada fue avalada por la solicitud de transparencia marcada con el número de oficio FGE/DJ/TRANSP/997-2021, y en dicho documento se señala que en 2020 se registraron 212 carpetas de investigación y hasta junio de 2021, fueron 103, cifra que aumentó a 255 al finalizar dicho año, de acuerdo con el Observatorio contra la Tortura.
Mujeres trans víctimas de tortura de una maquinaria social
El caso de Shantal es tan sólo un ejemplo de lo que enfrentan las mujeres en un estado como Yucatán, en donde se arma toda una maquinaria social que funciona en su contra. Amelia Ojeda Soto, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), la acompaña en el caso y el tan solo reunir su expediente le tomó casi dos años porque estaba incompleto.
Para Amelia es difícil tener un panorama exacto sobre la tortura que atraviesan mujeres trans en Yucatán porque no hay un registro oficial de casos o no se clasifican de acuerdo con la identidad sexual de las personas. Lo que sí tiene claro también es que las mujeres trans constantemente son objeto de tortura psicológica dentro y fuera de las prisiones: en 2020 desde la Unidad interpusieron un amparo con el que lograron que el Juez Tercero de Distrito declarara inconstitucional la fracción VI del Artículo 15 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que sancionaba el trabajo sexual.
Esto, después de que 16 trabajadoras sexuales, entre ellas mujeres trans, denunciaran que eran víctimas de constantes operativos en los que se registraban detenciones arbitrarias, persecuciones, extorsiones, amenazas, hostigamiento, robo, violaciones sexuales y actos que podrían ser considerados como tortura. “En ese momento detectamos que también les pedían a cambio servicios sexuales y sino las golpeaban, lo que conlleva un rasgo de tortura”.
Amelia asegura que constantemente hay tortura a mujeres trans en Yucatán en diversos contextos, pero incluso muchas prefieren callar y no denunciar porque saben que existe un sistema que no respalda sus derechos.
“Se trata de casos en los que a las chicas les dicen que saben en dónde viven, qué hacen, saben en dónde encontrarlas y entonces bajo estas amenazas, prefieren no decir nada”.
La activista relaciona también que la tortura va de la mano con la discriminación que permea en el estado y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2022 señala que Yucatán es la entidad que encabeza la lista de esta problemática social. “Esta discriminación lleva a que las personas trans en su mayoría sean violentadas durante todo el proceso a partir de su detención”.
La tortura de mujeres trans en Yucatán desde el ámbito cotidiano
Dafne Aguilar, mejor conocida como “Muñeca” fue detenida por policías estatales vestidos de civil y le atribuyeron cargos por desobediencia y resistencia de particulares, y ataques peligrosos a servidores públicos, mismos que le fueron fabricados al participar en una protesta que apoyaba la defensa del territorio y del agua en Yucatán. La activista y defensora de los derechos humanos considera que la discriminación es el principal factor que afecta a las poblaciones vulnerables en Yucatán.
“Un panorama claro sobre las violencias y torturas que viven las mujeres trans en el estado no existe, no hay cifras porque no hay denuncia y no hay denuncias porque no son escuchadas”.
El breve trabajo que existe al respecto, lo hacen las organizaciones civiles, muchas desde sus propios recursos, como en su caso, que dirige la asociación Comando Trans Interseccional y que apenas se integra al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. “Desde lo que vivimos, sabemos que la tortura no sólo es un tema físico, sino también la tortura psicológica que vivimos en un sistema que nos desampara, uno en el que no nos permiten desarrollarnos, ni estudiar, ni laborar como todas las personas”.
En su caso, tras la detención vivida el pasado abril de 2023, aún atraviesa incertidumbre porque el proceso como tal no termina a pesar de que fue absuelta de los cargos y eso repercute en su salud emocional y psicológica. “Hay quienes no me quieren contratar porque piensan que soy esa persona problemática que el Gobierno y medios se encargaron de difundir”.
En Yucatán hay todo un sistema que invisibiliza la identidad de las personas trans, el mismo que también violenta y tortura; y en este panorama Shantal espera que haya justicia por su caso y por los de otras mujeres trans que como ella sobreviven ante las secuelas de una violencia extrema.
Este texto fue realizado en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de Documenta. Para más información contactar a: [email protected]
Una primera edición se publicó en Animal Político
