Por Itzel Chan
En la península de Yucatán, defender el territorio puede significar lidiar con procesos legales, difamaciones, criminalización y sobre todo, que la vida misma corra riesgo.
El caso de Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, es una muestra y tras enfrentar una denuncia interpuesta por representantes del proyecto inmobiliario Ciudad Maderas, el activista fue detenido en Jalisco el pasado 6 de abril en un proceso señalado por irregularidades. Ese mismo día recuperó su libertad. Pero la salida del juzgado marcó el fin del conflicto y el inicio de uno nuevo.
Horas después, Oceransky recibió otro citatorio y ahora deberá enfrentar una audiencia de vinculación a proceso el próximo 15 de abril en Yucatán, derivada de una denuncia interpuesta por integrantes de las familias Abimerhi y Millet, en un caso que también involucra a miembros de la comunidad maya de Ixil.
De la liberación a un nuevo proceso
La primera acusación, vinculada al proyecto Ciudad Maderas, ubicado entre Chelem y Chuburná, fue señalada por su defensa como un proceso irregular por contar con notificaciones en domicilios inexistentes, desacato a una suspensión judicial y una detención pese a que el activista acudió voluntariamente ante el juez con un amparo vigente.
El caso ha sido interpretado como parte de los llamados SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), mecanismos legales que buscan inhibir la denuncia social mediante procesos judiciales prolongados.
“Las zonas de sacrificio ambiental se implementan a través de zonas de silencio”, ha señalado Oceransky, en referencia a cómo estos litigios no sólo afectan a individuos, sino a procesos colectivos.
La situación no es menor en un país donde, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), México se mantiene entre los más peligrosos para personas defensoras ambientales, con decenas de asesinatos registrados en los últimos años.
Detrás de los procesos legales hay un conflicto de fondo y es el avance de proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles de la costa yucateca.
En el caso de Ciudad Maderas, especialistas y comunidades han advertido sobre los impactos de la remoción de selva en áreas cercanas a manglares y sistemas lagunares. La pérdida de esta cobertura vegetal, señalan, podría comprometer el equilibrio ecológico costero y afectar reservas de agua.
Una “mordaza” y el miedo
Durante el proceso en Jalisco, además, se impuso una medida que impide a Oceransky mencionar públicamente a la empresa que lo denunció, lo que ha sido calificado como una forma de censura que limita su derecho a la defensa y a la libertad de expresión.
El propio activista ha reconocido el temor que enfrentó al acudir al juzgado en una entidad con altos niveles de violencia contra defensores.
El nuevo proceso incluye también a integrantes de la comunidad de Ixil, lo que ha encendido alertas sobre una posible criminalización colectiva.
Organizaciones nacionales e internacionales han exigido al Estado mexicano garantizar la protección de personas defensoras y cumplir con el Acuerdo de Escazú, que obliga a proteger a quienes defienden el medio ambiente.
El caso de Oceransky es el reflejo de un contexto donde los conflictos ambientales escalan hacia los tribunales y donde la defensa del territorio se convierte, cada vez más, en un riesgo.
