Entre 2022 y 2026, al menos 27 agresiones contra periodistas han sido documentadas en Yucatán. Organizaciones civiles advierten que la criminalización, las amenazas y el acoso judicial ponen en riesgo la libertad de expresión y la defensa del territorio.
Ante las agresiones, amenazas y procesos de criminalización que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Yucatán, organizaciones de la sociedad civil presentaron la campaña Proteger la Dignidad, una iniciativa que busca visibilizar los riesgos de estas actividades y exigir condiciones efectivas para ejercerlas sin temor a represalias.
La campaña fue presentada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en coordinación con el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, cuyos integrantes hicieron un llamado al Congreso del Estado para avanzar en reformas legislativas que eliminen disposiciones utilizadas para criminalizar el periodismo, la protesta social y la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con información documentada por la organización Somos Periodistas, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos 27 agresiones contra periodistas en Yucatán, entre ellas ataques físicos, amenazas, intimidaciones, censura, hostigamiento y acoso judicial.
Las organizaciones advirtieron que estas agresiones no solamente afectan a quienes ejercen el periodismo, sino que también vulneran el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, señalaron que persisten prácticas de criminalización, detenciones, campañas de desprestigio y procesos judiciales que pueden utilizarse como mecanismos de intimidación para desalentar la participación ciudadana y la defensa de los territorios.
Estas situaciones ocurren en un contexto marcado por diversos conflictos socioambientales en la entidad, relacionados con la contaminación del agua y la expansión de granjas porcícolas, la especulación inmobiliaria, el despojo territorial, la tala ilegal y las deficiencias en infraestructura urbana y saneamiento.
En muchos de estos conflictos, las comunidades y organizaciones que denuncian afectaciones ambientales o exigen el cumplimiento de sus derechos también enfrentan riesgos por hacer públicas sus demandas.
Exigen reformas para garantizar la libertad de expresión y la protesta
Durante la presentación de la campaña, las organizaciones hicieron un llamado al Congreso de Yucatán para aprobar de manera íntegra el paquete de reformas legislativas impulsado por el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta y Amnistía Internacional México.
La propuesta busca eliminar disposiciones legales que pueden utilizarse para criminalizar el ejercicio de la protesta social, así como derogar los delitos contra el honor, entre ellos las figuras penales que han sido cuestionadas por su posible utilización para intimidar o perseguir judicialmente a periodistas y personas defensoras.
Las organizaciones sostuvieron que garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta es indispensable para que las comunidades puedan denunciar irregularidades, exigir justicia y participar en las decisiones que afectan sus territorios.
Asimismo, señalaron que las reformas legales deben acompañarse de políticas públicas de protección, mecanismos de prevención y una mayor coordinación entre autoridades, organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El objetivo, indicaron, es que el reconocimiento de estas actividades no se limite al discurso institucional, sino que se traduzca en medidas concretas para prevenir agresiones y garantizar condiciones de seguridad.
Una campaña para reconocer la defensa de los derechos humanos
Proteger la Dignidad busca colocar en la agenda pública la importancia del trabajo que realizan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como visibilizar las amenazas y obstáculos que enfrentan.
La iniciativa también pretende fortalecer la articulación entre organizaciones sociales e instituciones para impulsar mejores mecanismos de protección y promover un entorno en el que denunciar abusos, informar sobre asuntos públicos o defender el territorio no represente un riesgo.
El Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta fue presentado en Mérida el 9 de septiembre de 2026 y está integrado por organizaciones como Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos.
Por su parte, el Espacio OSC reúne a organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos y la protección de periodistas, entre ellas ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Las organizaciones insistieron en que proteger a quienes informan, denuncian y defienden derechos es también garantizar el derecho de toda la sociedad a estar informada, participar en los asuntos públicos y exigir justicia.
Para conocer más sobre la campaña, se puede consultar el sitio protegerladignidad.osc.mx.
