Por Ventanas Rotas
La tensión en torno a la operación de Chichén Itzá volvió a escalar esta semana, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtiera sobre posibles restricciones de acceso a la zona arqueológica y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de Pisté acusara al instituto de mentir, intimidar y criminalizar a la comunidad maya que trabaja dentro del sitio.
A través de un comunicado difundido el 1 de julio, el INAH y el Gobierno del Estado de Yucatán reiteraron la obligatoriedad de un registro de acceso para artesanos y vendedores que laboran en Chichén Itzá, argumentando que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad, el orden y la adecuada operación del sitio patrimonial. Según la dependencia, el mecanismo fue acordado durante las mesas de diálogo instaladas tras el conflicto que derivó en el cierre temporal de la zona arqueológica durante mayo.
El instituto sostuvo además que algunas personas han decidido no cumplir con el procedimiento de registro, que contempla la presentación de una identificación oficial para verificar su inclusión en el padrón vigente. Advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría proceder al cierre de la puerta 1 de acceso al sitio arqueológico.
Sin embargo, un día después, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté rechazó públicamente la versión oficial y aseguró que el INAH «miente e intenta tergiversar la información». De acuerdo con el organismo comunitario, en ninguna de las minutas firmadas durante las mesas de diálogo existe un acuerdo que establezca la obligación de realizar un registro diario para ingresar a Chichén Itzá.
El CIG señaló que las mesas de negociación fueron transmitidas públicamente y afirmó que el propio INAH decidió suspenderlas. Asimismo, recordó que desde 2014 existe un padrón comunitario y un sistema de identificación para artesanos y artesanas que laboran dentro del sitio, por lo que consideró innecesarios los nuevos controles.
Para las organizaciones comunitarias, la presencia de elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional durante los procesos de acceso representa una forma de hostigamiento e intimidación hacia la población maya de Pisté. «Intentan que entremos a nuestro propio territorio como si se tratara de una cárcel», señalaron en su posicionamiento.
El conflicto ocurre apenas semanas después de la reapertura de Chichén Itzá, tras una crisis que mantuvo cerrado el sitio arqueológico durante 13 días y generó pérdidas económicas millonarias para la región. Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la operación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y las condiciones de acceso para artesanos, guías y ejidatarios.
Mientras el INAH insiste en que los controles son necesarios para mantener el orden y la seguridad, la comunidad de Pisté sostiene que las medidas representan una política discriminatoria y un retroceso en los acuerdos alcanzados. Por ahora, el conflicto que paralizó uno de los principales destinos turísticos del país parece estar lejos de resolverse.
