Advierten fallas en atención a violencia y embarazo infantil
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres hicieron un llamado al Gobierno de Yucatán para fortalecer la atención institucional a la violencia de género, garantizar la aplicación efectiva de la Ruta NAME y mejorar la coordinación entre dependencias encargadas de proteger a niñas, adolescentes y mujeres.
Durante una rueda de prensa, integrantes de organizaciones civiles señalaron que persisten deficiencias en la atención especializada dentro de instituciones como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado y el sistema educativo, situación que, afirmaron, incrementa el riesgo de revictimización y limita el acceso de las víctimas a la justicia.
Uno de los temas que más preocupación generó fue la implementación de la Ruta NAME (Niñas, Niños y Adolescentes Madres y Embarazadas), un protocolo diseñado para garantizar la atención integral de niñas y adolescentes embarazadas, especialmente cuando existen indicios de violencia sexual.
Las organizaciones advirtieron que cuando este mecanismo no se aplica correctamente pueden presentarse retrasos en la atención médica, omisión en la detección de violencia sexual, falta de medidas de protección, abandono escolar y pérdida del acceso a la justicia, además de una desarticulación entre las instituciones involucradas.
También recordaron que el embarazo infantil continúa siendo un problema en Yucatán. De acuerdo con cifras del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), el 8.6 por ciento de las niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años ha experimentado al menos un embarazo, mientras que entre quienes ya iniciaron su vida sexual, casi la mitad (49.7 por ciento) ha estado embarazada alguna vez. Los municipios identificados con mayor riesgo son Halachó, Chemax, Progreso, Umán y Kanasín.
Las consecuencias, señalaron, trascienden el ámbito de la salud e incluyen abandono escolar, dependencia económica, afectaciones a la salud mental y la reproducción de ciclos de violencia y pobreza. Por ello, exigieron el seguimiento puntual de todos los embarazos en menores de 15 años, capacitación obligatoria para personal de salud, educación y procuración de justicia, así como el fortalecimiento presupuestal del GEPEA y la publicación periódica de indicadores sobre embarazo infantil y adolescente.
Durante la conferencia también manifestaron preocupación por la falta de coordinación entre dependencias encargadas de atender la violencia contra las mujeres, entre ellas Salud, Fiscalía, Educación, DIF, Procuraduría y Centros de Justicia, al considerar que aún no existe una estrategia integral claramente articulada.
Otro de los planteamientos fue la necesidad de analizar los feminicidios desde sus antecedentes. Las organizaciones señalaron que, en la mayoría de los casos, las víctimas habían enfrentado previamente violencia psicológica, física, económica o sexual, así como amenazas o incumplimiento de órdenes de protección, por lo que insistieron en que la respuesta institucional debe centrarse en la prevención antes de que la violencia escale.
Finalmente, hicieron un llamado para fortalecer la colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que la experiencia acumulada por estos colectivos puede contribuir al diseño de mejores políticas públicas. Asimismo, subrayaron que la violencia contra las mujeres constituye un problema de derechos humanos y de salud pública que requiere acciones verificables, indicadores y resultados medibles.
