Por Itzel Chan
Yucatán había figurado entre los estados donde las agresiones relacionadas con proyectos agropecuarios, particularmente granjas porcícolas, colocaron a personas y comunidades defensoras frente a escenarios de violencia. Aunque durante 2025 el CEMDA no documentó casos vinculados específicamente con este sector, la organización advierte que la ausencia de registros no significa que las agresiones hayan dejado de ocurrir.
El Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2025, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra un aumento considerable de las agresiones contra quienes realizan esta labor.
La mirada hacia Yucatán resulta especialmente importante porque apenas un año antes el estado aparecía entre los territorios donde los conflictos alrededor del sector agropecuario habían derivado en agresiones contra personas defensoras.
CEMDA señala que durante 2024 el agropecuario fue el sector con mayor número de agresiones registradas en México, principalmente por casos relacionados con la autorización, construcción y operación de granjas porcícolas en Yucatán y Puebla.
Para 2025, sin embargo, la organización no documentó particularmente agresiones relacionadas con este sector, perp hace una precisión fundamental: esto no necesariamente significa que no estén ocurriendo.
La advertencia tiene especial relevancia porque el propio informe reconoce que existe un subregistro de la violencia contra quienes defienden el ambiente. La información disponible no alcanza a documentar la totalidad de los ataques y, en algunos territorios, la falta de cobertura periodística o la clasificación de los hechos como delitos comunes puede dificultar que sean identificados como agresiones relacionadas con la defensa ambiental.
México: más agresiones contra quienes defienden el ambiente.
El panorama nacional muestra que la violencia no desapareció, sólo cambió de dimensiones y, en algunos casos, de formas.
Durante 2025, CEMDA documentó 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales. Un año antes habían sido registrados 94 eventos y 236 agresiones específicas.
Esto significa que 2025 se convirtió en el segundo año con más eventos de agresión de la última década, solamente detrás de 2022, cuando se documentaron 197.
Aunque las agresiones letales disminuyeron, de 25 víctimas en 2024 a diez en 2025, para CEMDA esto no representa que exista ya un entorno seguro para defender el territorio.
La violencia se expresó principalmente a través de otras estrategias, así que la estigmatización, intimidación y difamación concentraron 53.8% de las agresiones documentadas durante el año. A ellas se suma la criminalización: 107 personas defensoras fueron víctimas de este tipo de agresión, equivalente al 33.1% de las 323 personas defensoras registradas como víctimas directas.
En total, el informe contabilizó 567 personas afectadas: 323 defensoras de derechos humanos ambientales y 244 víctimas indirectas, entre familiares, acompañantes y otras personas de las comunidades.
Defender el agua, entre las labores de mayor riesgo:
Durante 2025, el sector hídrico concentró el mayor número de eventos de agresión, con 29; le siguieron biodiversidad, con 22; vías de comunicación, con 18; y energía, con 16.
Cuando el análisis se realiza a partir de aquello que las personas buscan proteger, la tendencia resulta todavía más clara: la defensa del agua concentró 59 eventos de agresión, seguida de la defensa del territorio, con 41, y del suelo, con 32.
Las principales víctimas fueron integrantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades. Entre ambos grupos concentraron 74.7% de los eventos de violencia reportados.
Además, las agresiones contra integrantes de organizaciones civiles crecieron de manera considerable: pasaron de 21 eventos en 2024 a 57 durante 2025, un incremento de 171.4%. CEMDA señala que una parte importante estuvo relacionada con agresiones digitales.
Las mujeres enfrentan una violencia distinta y el informe también coloca la mirada sobre las mujeres que defienden el ambiente y el territorio.
Durante 2025 fueron identificadas 89 mujeres víctimas de agresiones, frente a las 55 registradas un año antes, lo que representa un aumento de 61.8%.
CEMDA documentó 70 agresiones específicas contra defensoras. Entre las más frecuentes estuvieron la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.
Pero algunas formas de violencia fueron registradas únicamente contra ellas: violencia de género, vigilancia, represalias laborales, intentos de agresión contra animales de compañía y agresión sexual.
El informe advierte además que las mujeres pueden enfrentar ataques desde sus propias comunidades y señalamientos vinculados con los roles tradicionales de género, además de cargar simultáneamente con labores de cuidado y defensa territorial.
La defensa ambiental también mantiene una relación estrecha con los pueblos indígenas. Durante 2025, CEMDA documentó agresiones contra personas y comunidades nahuas, zapotecas, mazatecas, chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras.
La organización explica que esta situación no es casual porque muchos pueblos indígenas habitan territorios con altos niveles de conservación y presencia de bienes naturales, lo que los coloca frente a intereses públicos y privados que buscan desarrollar proyectos, extraer recursos o transformar sus territorios.
El Estado aparece como el principal agresor:
Uno de los hallazgos más relevantes del informe apunta directamente hacia las instituciones públicas.
En 2025, el Estado participó en 76 eventos de agresión, equivalentes al 56.2% del total documentado.
Dentro de esta categoría CEMDA incluye gobiernos federales, estatales y municipales, policías, fiscalías y fuerzas armadas.
El informe sostiene que esta situación resulta particularmente grave porque corresponde precisamente al Estado garantizar que quienes defienden el ambiente puedan realizar su trabajo sin amenazas, restricciones o inseguridad.
Entre otros actores relacionados con las agresiones aparecen también la delincuencia organizada y empresas privadas.
Para CEMDA, garantizar un entorno seguro no puede limitarse a reaccionar cuando una persona ya fue amenazada o atacada. Implica prevenir las agresiones, combatir la impunidad, garantizar acceso a la información y participación de las comunidades y reconocer públicamente la legitimidad de quienes defienden el ambiente.
Defender la naturaleza sin convertirse en blanco:
La situación documentada durante 2025 deja una paradoja: mientras comunidades, organizaciones y personas trabajan para proteger el agua, los bosques, la biodiversidad y los territorios, muchas continúan enfrentándose a intimidaciones, campañas de desprestigio, criminalización e incluso asesinatos.
En Yucatán, donde los conflictos relacionados con granjas porcícolas habían colocado al sector agropecuario entre los focos de preocupación durante 2024, la ausencia de casos documentados para 2025 no permite concluir que los riesgos hayan desaparecido.
Es precisamente una de las advertencias que atraviesa el informe porque lo que no aparece en las estadísticas también puede estar ocurriendo.
Y mientras defender un cenote, un bosque, una comunidad o el derecho al agua pueda convertirse en motivo de persecución, la defensa del medio ambiente seguirá siendo también una lucha por el derecho de las personas a permanecer, decidir y vivir con seguridad en sus propios territorios.
