Por Itzel Chan
En Mérida, conseguir un techo se ha vuelto una carrera de obstáculos. El auge turístico, los proyectos de remodelación del Centro Histórico y la expansión de plataformas como Airbnb han disparado los precios de la vivienda. Para quienes dependen de un salario promedio, rentar ya no es una opción accesible, sino un lujo que rebasa cualquier presupuesto.
Hace apenas unos años, alquilar una casa en el centro podía costar entre 5 mil y 8 mil pesos. Hoy, no es raro encontrar precios de 20 a 25 mil pesos mensuales. Pero entrar a una vivienda no implica solo cubrir la renta: los requisitos suman cargas económicas que para muchos son imposibles de cumplir.
Claudia Pérez Aguilar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), explicó que en Yucatán las reglas son distintas a otros estados: “Aquí tienes que tener el aval o, si no, pagar un doble depósito. En otras partes de México haces un contrato privado y con eso basta. Aquí lo que se estila es hacer un convenio en notaría, y ese convenio cuesta y lo paga el inquilino”.
En números, la entrada a una propiedad de 20 o 25 mil pesos puede costar más de 75 mil pesos, sumando depósitos, convenio notariado, renta por adelantado y mudanza. “Imagínate dar dos meses de depósito porque no conoces a nadie aquí con propiedad en Yucatán, y necesitas un aval. Se vuelve casi imposible pagar un primer ingreso”, reconoció Pérez Aguilar.
El problema, añade, no es solo de precios: también de proporción. “Entre la gente se dice que no es proporcional lo que piden en una renta con los sueldos que se otorgan aquí. Entonces, pues ahí hay un fenómeno común”.
Mientras tanto, los salarios en la entidad rondan los 7 mil pesos mensuales, según cifras oficiales. Es decir, para cubrir una renta de 15 o 20 mil pesos, una familia tendría que destinar más del doble de su ingreso mensual.
Gentrificación y turistificación
El fenómeno no ocurre en el vacío. La remodelación del Centro Histórico, con proyectos como el Corredor Turístico y Gastronómico de la calle 47, acelera el aumento de plusvalía y la llegada de nuevos negocios orientados al turismo.
Eduardo Monsreal Toraya, director del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, advirtió: “El aumento de la plusvalía en la zona es algo inevitable y el fenómeno de gentrificación ya se estaba dando incluso antes de que se presentaran estos proyectos”.
Monsreal no descarta que el fenómeno se intensifique: “Esto, junto con la turistificación, va a generar el incremento de precios de alimentos, bebidas y servicios en los comercios del centro”.
El impacto, sin embargo, no se limitará al corazón turístico de la ciudad. “Habrá que prestar atención no solo en Santa Ana, sino en zonas hacia el oriente del centro, como Chuminópolis o Lourdes Industrial. Son colonias eminentemente habitacionales y ahí se podría dar un fenómeno de gentrificación en el mediano plazo. Los propietarios podrían vender, aumentar las rentas o adaptar sus casas a espacios Airbnb”, señaló.
En este proceso también se ven desplazados espacios tradicionales como oficinas, bodegas y tiendas comunes, sustituidos por restaurantes, hoteles boutique y giros comerciales destinados al turismo.
El reto: vivienda accesible y cercana
Pérez Aguilar reconoce que el mercado está en una “curva” que tarde o temprano tendrá que estabilizarse. “Yo creo que lo que vamos a empezar a ver es que de los precios publicados habrá mucha más negociación. Se va a dar más valor a la persona y también se le va a escuchar”, afirmó.
Sin embargo, el problema de fondo sigue sin resolverse: la falta de vivienda accesible y cercana a la ciudad. “Sabemos que el gobierno tiene la instrucción de volver a activar toda la parte de vivienda social. Eso es necesario: vivienda accesible y cercana a los puntos de la ciudad, porque de nada sirve que hagan un desarrollo súper lejano sin conectividad”, apuntó.
En esto coincide Monsreal Toraya, quien considera urgente que las autoridades mantengan un monitoreo del impacto inmobiliario: “Se deben coordinar el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento a través del Implan, la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro para evitar que se disparen los precios en la zona”.
Reconoce que los beneficios económicos son aparentes, pero los riesgos sociales son claros: “Sí, hay beneficios económicos, pero al mismo tiempo puede haber impactos negativos directos en la vivienda y en la vida de quienes ya habitan la ciudad”.
Entre el privilegio y la expulsión
Mérida se vende al mundo como una ciudad “barata y segura” para invertir. Pero para quienes la habitan desde siempre, rentar se ha vuelto un viacrucis de trámites, requisitos y precios impagables.
Lo que antes era un derecho básico, es decir, un techo digno y accesible, hoy se ha transformado en un privilegio. Y si el rumbo no cambia, la ciudad corre el riesgo de expulsar a quienes le dan vida: las y los trabajadores, estudiantes, familias y personas jubiladas que ya no pueden costear vivir en el lugar que llaman hogar.
