Por Itzel Chan y Miguel Cocom
En la Zona Puuc, llegan primero los caminos abiertos entre el monte. Después la maquinaria. Luego los incendios. Finalmente aparecen parcelas perfectamente rectangulares donde antes crecían árboles, habitaban abejas y corría el agua de lluvia.
En comunidades del municipio de Tekax, habitantes observan con preocupación cómo cambia su territorio. Lo que hace apenas unos años eran extensiones de selva mediana, hoy son campos agrícolas dedicados al cultivo de soya, maíz, sorgo, chile, papaya y cítricos.
Documentar este fenómeno no ha sido sencillo
Durante una reciente visita a la región para conocer denuncias relacionadas con desmontes y conflictos por la tierra, el ambiente de tensión era evidente. Mientras recorríamos algunos de los predios señalados por habitantes, una camioneta se aproximó lentamente al sitio.
Uno de nuestros acompañantes preguntó si llevábamos identificación de prensa. Después advirtió que probablemente alguien llegaría a cuestionar nuestra presencia. Sin embargo, el riesgo no recaía sobre quienes documentábamos los hechos.
“Los que siempre tenemos problemas somos nosotros, aún siendo dueños de los terrenos”, dijo uno de los propietarios que decidió mostrar lo que ocurre en su comunidad.
La expansión agrícola
En localidades como Becanchén, Ticum y Mesatunich, habitantes aseguran que la transformación del paisaje se ha acelerado durante los últimos cinco años.
Uno de los actores más visibles en este proceso es la expansión de campos operados por integrantes de comunidades menonitas asentadas en la Península de Yucatán, aunque los propios habitantes insisten en que detrás de muchos proyectos también existen empresarios agrícolas e inversionistas externos.
“Los menonitas siguen teniendo presencia, siguen teniendo influencia, nadie les dice nada y siguen creciendo”, señaló una de las personas entrevistadas.
Sin embargo, las voces consultadas advierten que reducir el fenómeno únicamente a la presencia menonita simplifica un problema mucho más complejo.
“Yo creo que el tema es cómo lo hacen. Pasan sobre la ley en el sentido de que no piden autorización ni permisos como tendría que hacerlo cualquier otra persona”, sostuvo otro habitante.
El avance sobre la selva
La principal preocupación es la pérdida de cobertura forestal y que cada vez es más frecuente en la zona.
“Llegó una empresa con cinco maquinarias, con personas encapuchadas, con perros y empezaron a tumbar”, relató una fuente que ha acompañado diversos conflictos territoriales en la región.
Según los testimonios, algunas denuncias han derivado en inspecciones y clausuras temporales por parte de autoridades ambientales. Sin embargo, habitantes consideran que las medidas han sido insuficientes frente a la velocidad con la que avanzan los desmontes.
“Allá invadieron, deforestaron. Sí se les clausuró por la Profepa, pero luego terminan regularizando y los terrenos se quedan convertidos en campos de cultivo”, lamentó un poblador durante un recorrido por la zona.
Las denuncias de las comunidades no ocurren sin pruebas, ya que entre 2025 y 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó al menos cuatro clausuras por desmontes y cambios ilegales de uso de suelo en Tekax.
Las acciones incluyeron la intervención de predios donde se afectaron alrededor de 350 hectáreas de selva en el paraje San Diego Buenavista, la clausura de un terreno dentro del Área Natural Protegida Bala’an K’aax, un desmonte de 39.6 hectáreas en el ejido Nohalal y otro de 18.4 hectáreas en la comisaría de Becanchén.
En este último caso fueron asegurados cuatro bulldozers, un remolque, dos plantas de energía y 92 piezas de madera obtenida del desmonte.
Aun así, habitantes consultados consideran que las medidas han resultado insuficientes frente a la velocidad con la que avanzan los cambios en el territorio y cuestionan que varios de los predios intervenidos terminen incorporándose posteriormente a actividades agrícolas.
La Zona Puuc alberga una importante porción de selva que contribuye a la recarga del acuífero peninsular, proporciona refugio a fauna silvestre y sostiene actividades económicas tradicionales como la apicultura.
Agua, abejas y territorio
En una región caracterizada por su sistema kárstico, donde el agua subterránea da sentido a la vida de las comunidades y la producción apícola depende de la conservación de la selva, los desmontes tienen efectos que se extienden mucho más allá de los límites de cada predio.
En comunidades cercanas a grandes extensiones desmontadas, algunos habitantes aseguran haber observado cambios en el comportamiento del agua durante la temporada de lluvias.
“Quitaron una parte de la sabana y ahora cada vez que llueve se inundan”, relató un vecino. También existen preocupaciones relacionadas con la extracción de agua para riego.
“Hacen pozos sin permisos, riegan día y noche porque no tienen medidor volumétrico”, denunció otro habitante.
La muerte masiva de abejas registrada en comunidades de Tekax llevó a investigadores de Ecosur a indagar qué estaba ocurriendo en una región donde los cultivos tecnificados de limón han ganado terreno durante los últimos años. El estudio, realizado por Jaime González Tolentino, Eric Vides Borrell y Rémy Vandame, buscó determinar si existía una relación entre las pérdidas reportadas por apicultores y el uso de agroquímicos en la zona.
La mañana del 10 de mayo de 2025, habitantes de Nohalal encontraron miles de abejas muertas frente a sus colmenas. Tras analizar las muestras recolectadas, los investigadores identificaron la presencia de fipronil, un insecticida catalogado como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP). De acuerdo con Jaime González, la concentración detectada en las muestras superaba en 39 por ciento la dosis necesaria para provocar la muerte de la mitad de una población de abejas.
“En las tres muestras analizadas se encontraron residuos de fipronil por encima de la dosis mortal. No hay duda de que la aplicación de este insecticida fue la causa de la intoxicación”, afirmó el investigador.
La investigación comenzó después de que cinco apiarios reportaran pérdidas masivas de abejas. Mediante recorridos de campo y georreferenciación, el equipo delimitó una zona de afectación de al menos 349 hectáreas.
Las evidencias reunidas apuntan hacia una parcela de limón tecnificada ubicada al norte del área impactada. El análisis de la dirección de los vientos, complementado con observaciones satelitales y testimonios de habitantes, coincide con reportes sobre fumigaciones realizadas durante la noche mediante tractores y drones en días previos a la mortandad.
El informe estima que este episodio provocó pérdidas económicas cercanas a los 465 mil pesos y la desaparición de al menos 495 días de empleo rural. Los daños incluyen la reducción en la producción de miel, los costos para reponer enjambres y la pérdida de servicios de polinización, un proceso indispensable para la reproducción de numerosas plantas y para el mantenimiento de los ecosistemas.
La relevancia de estos servicios ambientales es particularmente alta en Tekax. Según el estudio, la polinización aporta un valor estimado de 276.9 millones de pesos al año, equivalente al 38 por ciento del valor total de la producción agrícola del municipio.
Los investigadores también advirtieron que el impacto no se limita a la abeja melífera (Apis mellifera). El fipronil afecta igualmente a especies nativas, incluidas las meliponas o Xunan Kab’, consideradas parte fundamental del patrimonio biocultural maya.
“Cada vez hay más kilómetros de terrenos deforestados para sembrar limón. Han hecho mucho daño porque usan productos químicos que matan a las abejas. El año pasado perdimos seis colmenas por el calor y los incendios; este año ya perdimos otra más. Es doloroso porque son trabajos de tres años que desaparecen en meses”, relató Silvia, meliponicultora con más de 13 años de experiencia.
Tierra en disputa
Las personas que decidieron dar testinomio en anonimato, denunciaron presiones para vender terrenos, disputas de propiedad e incluso la presencia de personas armadas en algunos predios.
“Cuando vinieron lo hicieron con armas, o sea, gente que no sé si son militares, son policías o son sicarios. Sí se siente esa presión”, expresó uno de los entrevistados.
Para las comunidades, uno de los problemas más graves es la percepción de que las reglas no se aplican de manera uniforme.
“Hay un tema de gobernanza. No quieren pasar con el comisario a pedir permiso porque dicen: ‘¿Por qué nosotros sí y los menonitas no?’”, comentó una de las fuentes consultadas.
En la Zona Puuc se debate el futuro de la selva, del agua subterránea, de la apicultura y de las comunidades que históricamente han habitado este territorio.
“Son valores distintos. Para ellos es trabajar y producir; para nosotros es cuidar lo que nos da de comer”, resumió uno de los habitantes.
