El conflicto por el nuevo esquema de acceso a Chichén Itzá escaló este sábado 23 de mayo con un nuevo choque de versiones entre autoridades y comunidad. Mientras el Gobierno de Yucatán y el INAH sostienen que mantienen abiertos los canales de diálogo para normalizar operaciones en la zona arqueológica, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté endureció su postura y acusó nuevamente imposición, falta de reconocimiento a su representación comunitaria y una narrativa oficial que, aseguran, distorsiona lo ocurrido en las mesas de negociación.
Desde hace varios días, una de las zonas arqueológicas más visitadas del país permanece atrapada en una disputa detonada por la entrada en operación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), infraestructura vinculada al nuevo modelo turístico asociado a Chichén Itzá.
Para las autoridades, el proyecto busca ordenar el flujo de visitantes, mejorar servicios y ofrecer mejores condiciones para comerciantes. Para una parte importante de la comunidad, representa una decisión unilateral con impacto directo en su economía.
Este sábado, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté emitió un nuevo comunicado en respuesta al posicionamiento oficial del Gobierno del Estado y el INAH, donde rechaza la versión de que acudieron sin propuestas o sin voluntad de diálogo. Según el documento, durante la mesa presentaron diversas alternativas para alcanzar acuerdos “justos y dignos” para las familias que históricamente viven del comercio y la actividad artesanal vinculada a Chichén Itzá, pero aseguran que ninguna fue tomada en cuenta.
El documento también deja claro que el conflicto ya no se limita a un desacuerdo operativo o comercial.
“Rechazamos la forma en que el Gobierno del Estado y el INAH se refieren a nuestra representación, reduciendo al Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá a un simple grupo de artesanos”, señala el comunicado, en el que reivindican su carácter de autoridad indígena legítimamente constituida dentro de la comunidad maya.
La postura coincide con lo expresado en entrevista con Ventanas Rotas por Wilbert Serrano, integrante del Concejo, quien sostiene que el problema no es el cambio en sí, sino una transición ejecutada sin consenso real.
Según su versión, mientras representantes comunitarios seguían en negociaciones con funcionarios estatales y federales, comenzaron a circular imágenes del cierre del antiguo parador turístico y de la instalación de rejas.
“Nos estaban dando un madruguete”, resumió.
Para Serrano, el antiguo parador concentra buena parte del flujo económico de Pisté y comunidades cercanas, por lo que una modificación abrupta afecta no solo a artesanos, sino a restaurantes, comercios, transportistas y pequeños negocios que dependen del turismo diario. También cuestionó la funcionalidad del CATVI por su distancia respecto al núcleo arqueológico y por las dificultades que podría representar para personas adultas mayores o con discapacidad.
Desde el Gobierno del Estado, la narrativa es distinta.
El director del Patronato Cultur, David Alpizar Carrillo, defendió el proyecto y aseguró que el conflicto responde, en parte, a una “resistencia al cambio”. Según explicó, el nuevo esquema no implicaría el desplazamiento total de comerciantes y sería resultado de meses de diálogo con autoridades federales y estatales.
Uno de los puntos más tensos sigue siendo quién es responsable del cierre.
El Concejo insiste en que ni la comunidad ni su movimiento mantienen bloqueado Chichén Itzá, y atribuye la decisión del cierre al INAH y al Gobierno del Estado. En su nuevo posicionamiento exhortan a ambas instancias a emitir el comunicado que permita reabrir la zona y retomar actividades laborales.
“El cierre de la zona nos afecta a todas y todos”, señalan.
El conflicto, sin embargo, ya superó la discusión sobre logística turística.
Hoy expone una disputa más profunda: quién representa legítimamente a la comunidad, quién decide sobre el futuro económico de Pisté y hasta qué punto puede hablarse de diálogo cuando una de las partes asegura que las decisiones ya estaban tomadas.
